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Cuando la cancillera alemana, Angela Merkel, tomó posesión de la presidencia rotatoria de la Unión Europea de enero a junio, expuso que su gran prioridad era la elaboración de un tratado constitucional; incluso, fijó un límite temporal a ello: las elecciones al Parlamento Europeo de 2009. Merkel, desde un principio, anunció la presentación de una “hoja de ruta” para salir de la crisis y defendió los contenidos del tratado constitucional de 2004, especialmente un ministro de Exteriores comunitario y tríos de presidencias para dar más continuidad a la acción de la UE, algo que Alemania ya empezó a hacer al asociarse con Portugal y Eslovenia, las dos próximas presidencias. Pero Merkel creía que el texto debía tener una redacción más ligera que la del texto constitucional de 2004, ya que con la de éste no veía posible que la UE se pudiera enfrentar a desafíos en política exterior y seguridad, energía, cambio climático, o ampliación. Merkel también remarcaba, recién tomada la presidencia de la Unión, que la clarificación del reparto de competencias entre las instituciones europeas y sus Estados miembros era una necesidad imperiosa de la Unión.
No se tardó mucho en salir del estancamiento constitucional, y en satisfacer así las voluntades del presidente francés y de la presidenta de la Unión Europea. En la Cumbre de Bruselas del 21 y 22 de junio de 2007, se alcanzó un acuerdo para redactar un nuevo tratado simplificado: se abandonó el proceso constitucional para volver al método clásico de reforma de los tratados. Así, se acordó sustituir la Constitución por un nuevo texto que reformaría, sin sustituirlos, los dos principales tratados existentes, el de la Unión Europea y el de la Comunidad Europea. Se estableció que los Veintisiete negociarían, de junio a diciembre, la manera de insertar en esos dos tratados las medidas acordadas cuando se elaboró la fallida Constitución Europea. 18 de los 27 estados que ya habían ratificado el Tratado Constitucional insistieron en preservar la sustancia de las innovaciones acordadas en la CIG (Conferencia Intergubernamental) en 2004 y en asegurar al máximo la legibilidad y simplicidad del nuevo tratado. Las inquietudes de otros socios europeos fueron que la Unión respetase la identidad de sus Estados miembros, y que se introdujese mayor claridad en la delimitación de competencias entre la UE y los Estados miembros.
En octubre, en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Lisboa, se aprobó el tratado simplificado. Entonces, José Sócrates, primer ministro de Portugal, ya había asumido la presidencia del Consejo de la UE. Desde su toma de poder, Sócrates señaló que la prioridad de la presidencia portuguesa, como lo fue de la alemana, era la aprobación del texto del nuevo tratado de la UE.
En el nuevo Tratado se modificó el sistema de votación, Se introdujo la votación de doble mayoría -55% de Estados miembros con un 65% de la población-, que sustituyó el sistema de votación que se aplicaba hasta entonces, con el Tratado de Niza. No obstante, los asuntos de política exterior, presupuestaria y fiscal seguirían exigiendo unanimidad.
También se eliminó el veto que tienen los Estados en 40 áreas, entre ellas las políticas de inmigración y de cooperación policial y judicial.
En la Cumbre de Lisboa también se ratificó la propuesta, aprobada por el Parlamento Europeo, de una nueva distribución de escaños, al ampliar su número desde los 736 a los 750 acordados en el Consejo Europeo en junio, medida que se empezará a aplicar a partir de las nuevas elecciones del Parlamento Europeo. El nuevo reparto se basaba en la población de cada Estado miembro y se proponía su revisión para antes de 2014. La nueva distribución suponía que Alemania perdía tres puestos y que se quedaba en 96, mientras que España obtenía cuatro más y alcanzaba los 54. Ganaban dos diputados, Francia (74), Suecia (20) y Austria (19), y ganaban uno Reino Unido, que se quedó en 73, Polonia (51), Holanda (26), Bulgaria (18), Letonia (8) y Malta (6).
A pesar de que el nuevo tratado recogía gran parte de los avances institucionales que contenía la noqueada Constitución, estaba desprovisto de los símbolos y del peso político que se pretendía dar a la fallida Carta Magna europea. Con el nuevo tratado, la UE se dotaba de una estructura más estable, con un presidente y un alto representante de Asuntos Exteriores con más poderes y medios que hasta la fecha.
El acuerdo del Tratado se logró tras vencer la resistencia de Polonia, que se negaba a aceptar el reparto de poder basado en la votación por doble mayoría de los Estados miembros y de la población, al considerar que este sistema perjudicaría a los países medianos y beneficiaría desproporcionadamente a Alemania. La amenaza de seguir adelante, de ser necesario, sin la participación polaca, hizo ceder finalmente al Gobierno del primer ministro polaco, Jaroslav Kaczynski. Varsovia aceptó la oferta de retrasar hasta 2017 la aplicación de la doble mayoría que le realizaron el presidente francés, Nicolas Sarkozy, el entonces primer ministro británico, Tony Blair, el primer ministro luxemburgués, Jean Claude Junker, y el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Se alcanzó así el Compromiso de Ioannina, que consistía en que, aunque a partir de 2014 empiece a aplicarse formalmente la doble mayoría, Polonia podría invocar el Tratado de Niza, el actual sistema de voto, cada vez que le resultara más favorable para lograr una minoría de bloqueo, si lo pidiera una cierta horquilla de Estados.
Pero Polonia no era el único país que no estaba del todo de acuerdo con el nuevo Tratado. Italia mantuvo hasta poco antes de la aprobación, aunque aceptó el Tratado antes que Polonia, una reserva sobre el proyecto, al ir unido a un nuevo reparto de escaños en el Parlamento que no le favorecía, porque abandonaba la paridad con los socios fundadores. Roma argumentó que el reparto debía calcularse con el número de ciudadanos, no de residentes. Sus intereses chocaban doblemente con los del Gobierno español. Madrid temía que Roma pretendía quitarle uno de los cuatro puestos recibidos en el nuevo reparto. El primer ministro italiano, Romano Prodi, propuso aplazar el reparto y dejarlo al margen del tratado, en contra de la opinión del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero. Para España, el aumento de escaños compensaba la cesión de eurodiputados pactada por José Maria Aznar en Niza, en 2000.
Finalmente, en Lisboa, Italia logró parte de su reclamación al obtener un diputado más en el Parlamento Europeo, e igualó, con 73, su representación con Reino Unido.
Reino Unido fue otro país que tenía sus reservas hacia el Tratado. La aspiración última de Brown era aprobar el texto sin verse obligado a convocar un referéndum, que se temía letal, tal y como le exigía la prensa y oposición conservadora.
La Carta de Derechos Fundamentales era otro punto de fricción con Reino Unido. Londres no estaba dispuesto a cambiar el contenido de algunas de sus leyes para amoldarlas a esta nueva normativa comunitaria. Al final, la Carta de Derechos Fundamentales se aplicará en todos los Estados miembros, salvo en Reino Unido, en cuestiones que afecten al ámbito comunitario, nunca en litigios regulados por la legislación de cada Estado miembro.
Polonia era otro Estado que temía que la Carta le hiciera cambiar leyes internas, por eso pidió que el texto de la Carta de Derechos Fundamentales fuera eliminado del Tratado. Pero algunos países se oponían firmemente a la propuesta de Polonia. Al final, estos Estados opositores a la eliminación de la Carta en el Tratado cedieron a la propuesta polaca a cambio de que el carácter legalmente vinculante de la Carta quedara preservado mediante una referencia en el cuerpo del Tratado.
En el nuevo texto constitucional, la UE también se dota de una mayor cohesión y personalidad propia a la hora de actuar en la escena internacional, al crear la figura que presidirá el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión, hasta entonces presidido, cada seis meses, por el ministro de Exteriores de cada país miembro. Esta figura, que corresponde al Alto Representante para la Defensa y la Seguridad Común (PESC) en estos momentos, Javier Solana, será además vicepresidente de la Comisión Europea y tendrá el control del servicio exterior de la UE. Su mandato será de cinco años.
En la difunta Constitución, esta figura era contemplada como la de ministro de Exteriores de la Unión, pero Reino Unido de ninguna manera estaba dispuesto a apoyar esto, por miedo a que el futuro ministro sustituyera a los países europeos en la toma de decisiones en el Consejo de Seguridad, donde Reino Unido, junto a Francia, tiene asiento permanente y derecho a vetar las resoluciones. Así que, finalmente, se aprobó la propuesta española de cambiar la denominación de ministro por la de Alto Representante.
Al existir una clara demanda, por parte de algunas delegaciones, a favor de un mayor papel para los Parlamentos nacionales, se aprueba también que los Parlamentos nacionales tendrán el poder de devolver proyectos a la Comisión Europea para su revisión. Para que los proyectos sean devueltos a la Comisión, se deberá reunir la oposición de un tercio de los Parlamentos nacionales, y las Cámaras Legislativas de los países deberán coincidir en que se invade alguna competencia suya.
El 22 de diciembre, los Estados firman el acuerdo constitucional, después de siete años de negociaciones desde el encargo de la Comisión Europea a un grupo encabezado por el ex primer ministro francés Valéry Giscard D’Estaign de que elaborara una Constitución para Europa. En medio, los debates en la redacción del texto, con la inclusión o no de un reconocimiento de la influencia cristiana en el nacimiento de Europa, su aprobación en la Cumbre de Roma de 2004 y los procesos de ratificación en los distintos Estados, con los referendos que dieron el visto bueno en 18 países, y los “noes” de franceses y holandeses, que echaron por tierra el proyecto, que debió retomarse con ambiciones reducidas. Ahora sólo falta que los Estados miembros incorporen el Tratado en sus respectivos ordenamientos jurídicos.
Se amplía el espacio Schengen
Y en diciembre, concretamente el día 21, al margen del Tratado de Lisboa, se puso fin a los controles fronterizos entre antiguos y nuevos países del bloque. Desde ese día, diez países (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre y Malta) que se sumaron a la UE en 2004, pasarán a formar parte del espacio Schengen. En 1985 se firmaron los textos constitutivos de los acuerdos de Schengen y hasta ahora el espacio había contado con 13 miembros: Alemania, España, Austria, ...
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