| Anuario 2000 Unión Europea "Niza consagra a Alemania como epicentro político de la futura UE ampliada al Este" Gustavo Da Silva |
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El Tratado de Niza ha preparado a las instituciones de la Unión Europea (UE) para el ingreso de doce nuevos países a partir del 2005. La reforma proclama virtualmente a Berlín como capital política del nuevo mapa de la UE. Alemania tendrá la llave de las grandes decisiones, quebrando así su paridad con Francia.
La conferencia intergubernamental de Niza pasará a la historia como la cumbre que abrió las puertas de la Unión Europea (UE) a los países del Este miembros del antiguo bloque comunista. El Consejo Europeo (reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno de los Quince) aprobó la reforma institucional que permite la ampliación de la UE en doce países –Polonia, Rumanía, República Checa, Hungría, Bulgaria, Eslovaquia, Lituania, Letonia, Eslovenia, Estonia, Chipre y Malta–. Fueron cinco días de frenéticas negociaciones, que culminaron la madrugada del 11 de diciembre con un acuerdo histórico sobre el nuevo reparto de poder en el seno de las instituciones comunitarias a partir del 2005, año en el que se prevé estén integrados los todavía candidatos al club europeo. Porque la imagen que proyectaron los estadistas del Viejo Continente respondió a una pugna multilateral, con el fin de conseguir mayores cuotas de decisión para cada país en el intrincado sistema ejecutivo y legislativo de la UE. La ampliación a 27 estados requería una reponderación de los votos particulares en el Consejo de Ministros, a la sazón el órgano que discute y aprueba las leyes comunitarias. El futuro ingreso de nuevos países en la UE desequilibraba aún más la proporción entre los votos de que dispone cada Estado miembro y su volumen de población, hecho que perjudicaba a los países grandes –Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia–. El final de la bicefalia Tras una intensa noche de calculadoras, la citada proporción se ajustó al próximo escenario y la aritmética coronó al país llamado a liderar la nueva UE: Alemania. A pesar de mantener la paridad de votos –29– respecto a los otros grandes, Alemania sale beneficiada al serle reconocido su mayor peso demográfico –82 millones de habitantes tras la reunificación de 1990, un 17% del conjunto de la UE–, lo que le convierte en el país más autónomo a la hora de articular una alianza de veto en las votaciones del Consejo de Ministros. Una nueva alternativa de bloqueo que está al alcance de los países que, unidos, representen como mínimo el 38% del censo de la futura UE. Este despegue alemán se completa con la conservación de su cupo de escaños en el Parlamento de Estrasburgo –99–, mientras que franceses, británicos e italianos pierden 15 aforados. Este status cobra mayor valor en una Eurocámara que va ganando en capacidad de veto sobre los proyectos sometidos a procedimientos de codecisión con el Consejo de Ministros. El acceso de Alemania al primer escalón del pódium marca un histórico punto de inflexión, que revisa el espíritu fundacional de la construcción europea. Berlín ha terminado con la tradicional bicefalia con París y se sitúa a la vanguardia política de la UE ampliada al Este; una zona geoestratégica bajo el radio de influencia alemán. No obstante, el canciller Gerhard Schröder ha puesto a trabajar a su diplomacia bajo la prudente premisa de que un excesivo distanciamiento con Francia sería, a la postre, contraproducente, ya que el llamado eje franco-alemán es necesario para cohesionar el mosaico europeo. El emergente liderazgo germano también ha quedado patente al incluirse en la agenda de la UE para el 2004 un Consejo Europeo que defina el marco de competencias entre los poderes comunitarios, los Estados y las instituciones regionales. La doctrina alemana parte del principio de subsidiaridad –las competencias deben recaer en los órganos más próximos al ciudadano–, un concepto que levanta ampollas en la centralizada República francesa. La supervivencia del veto Precisamente, la negativa de algunos Estados miembros a ceder parte de su soberanía nacional continúa siendo el principal escollo para las tesis europeístas. El Tratado de Niza ha sido cicatero a la hora de extender la mayoría cualificada –el final de la unanimidad– para la aprobación de directivas. Así, sólo destaca la derogación del derecho de veto en algunas disposiciones y reglas en el ámbito de Justicia e Interior. Sin embargo, Gran Bretaña blinda su soberanía en política exterior, seguridad común, fiscalidad y protección social. España, por su parte, mantiene la opción de bloqueo en la elaboración del plan de fondos de cohesión para el sexenio 2007-2013. Asimismo, la política sobre el derecho de asilo y la inmigración continúa supeditada a la unanimidad entre los países. Las reticencias de esta naturaleza, sumadas a las probables dificultades de los futuros socios europeos para participar en algunas áreas de la política comunitaria, han obligado a los países grandes a dar luz verde a las denominadas cooperaciones reforzadas. Este sistema facilita una integración a la UE a varias velocidades para evitar el freno a la construcción europea. Un mínimo de ocho países podrán colaborar y avanzar conjuntamente en determinados ámbitos. De hecho, esta dinámica ya se aplica en la Unión Monetaria, donde Gran Bretaña, Dinamarca y Suecia están fuera voluntariamente; lo mismo sucede con otros países que han decidido adoptar el Tratado de Schengen –libre circulación de personas y eliminación de fronteras–. El letargo de la Comisión Una de las incógnitas que la cumbre de Niza ha dejado en el aire es la composición definitiva de la Comisión Europea en el contexto de una UE ampliada a 27 países. El compromiso adquirido establece que, a partir del 2005, los países grandes más España perderán uno de sus dos comisarios y que cada Estado miembro contará con un representante. Cuando se llegue al límite de 27, se deberá acordar por unanimidad la creación de un gabinete –o Colegio de Comisarios– inferior a ese número, por lo que se implantará un sistema rotatorio entre los países. De hecho, una comisión de más de 20 miembros, así como la ampliación del Parlamento por encima de los 700 diputados, transgreden el Tratado de Amsterdam, pero ha sido la compensación que han recibido los países pequeños, quienes pusieron al borde del fracaso el cónclave de Niza. A cambio, los grandes han aprobado la elección del presidente de la Comisión por un sistema de mayoría cualificada en el Consejo de Ministros. Además, el máximo responsable del Colegio de Comisarios gana en atribuciones, ya que podrá proponer el cese de alguno de éstos y tendrá la potestad de reorganizar las funciones de cada uno y nombrar a los vicepresidentes. Su provisional redefinición ha sido el epitafio a un decepcionante año 2000 para la Comisión Europea. Marginada durante la conferencia de Niza, ha sido fagocitada por el protagonismo de los Gobiernos en el debate sobre la ampliación. Su presidente, Romano Prodi, no ha conseguido levantar el vuelo de este organismo independiente, desde su llegada en septiembre de 1999. La Comisión tiene la prerrogativa de proponer proyectos, emitir recomendaciones, hacer balances, actuar como mediadora, gestionar el Presupuesto y velar por el cumplimiento de los Tratados de la UE y de las leyes comunes emanadas del Consejo de Ministros. Sin embargo, Prodi ha querido convertirla en el pseudo-Gobierno de Europa y ha descuidado promover el consenso mínimo con las otras instituciones comunitarias. Esta actitud ha generado un aislamiento progresivo respecto a los Ejecutivos de los países grandes. La Comisión tiene hoy una escasa influencia política y estratégica, y ostenta un mero papel como gestora del día a día. Durante el último ejercicio, no ha pasado inadvertida su pasividad ante fenómenos como la devaluación del euro, la escalada del precio de los carburantes o la crisis diplomática con Austria. La escenificación de la referida desconfianza tuvo su punto culminante cuando el comisario de Relaciones Exteriores, Chris Patten, criticó que el alto representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE –mister PESC–, Javier Solana, estaba “usurpando” sus responsabilidades. Una muestra de la desorientación europea a la hora de hablar con una sola voz en el concierto internacional. La Comisión parece caminar bajo el estigma del escándalo de corrupción y nepotismo que acabó con el gabinete de Jacques Santer. En este sentido, Prodi ha emprendido una reforma de la Administración comunitaria, dirigida por el vicepresidente Neil Kinnock. Aunque todavía es pronto para evaluarlo, el proceso de regeneración burocrática de la UE ha ralentizado aún más los mecanismos de gestión, sometidos a una fiscalización extrema por parte de la Eurocámara. Por sexta vez, el Tribunal de Cuentas ha negado su aval a las cuentas comunitarias. En su informe de 1999 denuncia la existencia de gastos irregulares, algunos fraudulentos, por valor de 300.000 a 600.000 millones de pesetas, entre el 2% y el 4% del total del Presupuesto. Aunque la responsabilidad política recae en la Comisión Europea, más del 80% de los fondos están gestionados por las administraciones nacionales, donde los sistemas de control del uso de las partidas son poco rigurosos. Los auditores de Bruselas señalan a las dotaciones financieras de la Política Agraria Común (PAC) como las más oscuras. La debilidad política de la Comisión ha derivado en una excesiva tutela por parte de los Gobiernos de la UE y decantado la balanza de los poderes comunitarios hacia estos últimos, abriendo así nuevas grietas en el gran edificio europeo. |
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