Anuario 2002

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Bush emprende la segunda fase de la guerra contra el terrorismo con el objetivo de derrocar a Sadam Husein
Enron y WorldCom provocan el pánico de los inversores y del poder

El año 2002 difícilmente será olvidado por los inversores estadounidenses, especialmente por aquellos que han perdido sus ahorros o pensiones por culpa de alguno de los escándalos financieros que se han sucedido a lo largo de todo el año. Y es que el 2002 ha marcado un antes y un después en la economía norteamericana. En sólo un año hemos presenciado los dos escándalos financieros más importantes de la historia de Estados Unidos: la quiebra del gigante energético Enron y la de WorldCom, la segunda empresa de telefonía norteamericana. Ambos casos han convulsionado la Bolsa y han puesto en duda todo un modelo económico, político y judicial; ha quedado claro que la llamada “nueva economía”, que, según Manuel Castells, se basa en la información y el conocimiento, es global y está organizada a través de empresas-red, no está regulada adecuadamente y que existen demasiados vacíos legales que permiten llegar a estas situaciones.

Cuando el 2 de diciembre de 2001 la multinacional energética Enron, modelo de desregulación, beneficios bien administrados y paradigma de la nueva economía, se declaró en bancarrota, empezaron a salir a la luz las consecuencias de la codicia camuflada por la contabilidad creativa. Si tenemos en cuenta que en octubre de 2001 la SEC (Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos) abrió una investigación a Enron por haber falseado supuestamente la contabilidad (la empresa anunció unas pérdidas de 618 millones de dólares y sus acciones no pararon de caer desde entonces) podríamos pensar que la quiebra de Enron estaba clara y que era sólo cuestión de tiempo que se hiciese oficial. Sin embargo, sorprendió a los más de 15.000 empleados que perdieron sus pensiones -invertidas en acciones de la empresa influenciados por unos informes que confirmaban la buena situación de ésta y que les animaban a invertir presentando unas esperanzadoras previsiones para el 2002- y a los miles de accionistas que fueron engañados reiteradamente durante, como mínimo, cinco años. La clave de la cuestión está en que sólo después de que Enron se declarase en quiebra, con unos activos que ascendían a 63.400 millones de dólares, se logró averiguar y entender qué estrategias habían utilizado sus ejecutivos para llegar a contraer una deuda de más de 35.000 millones.

Desde 1996, el presidente de Enron, Kenneth Lay, fomentó lo que el director de la revista “Política Exterior”, Darío Valcárcel, llama cultura de la corrupción: se falseaba la contabilidad de la empresa para que las acciones no dejasen de subir y engañar así a los inversores. Enron creía en el riesgo y en las apuestas. Apostó por la banda ancha de emisiones, convencido de que después la podría revender a mejor precio; creó un mercado energético a través de Internet llamado Enron Online, y también invirtió en electricidad cuando la escasez de energía en California disparó los precios (aunque más tarde se desplomarían). Sin embargo, todas estas compraventas no dieron beneficios, tal como indicaban los informes, sino que fueron acumulando deudas. Andrew Fastow, el director financiero de Enron y uno de los principales culpables del fraude, inflaba los beneficios sistemáticamente –¡incluso llegó a falsificar datos ya falsificados!- pero llegó un momento en que las cifras fueron tan elevadas que fue necesario diseñar una estrategia más compleja. Fue entonces cuando se crearon más de 900 sociedades filiales, no declaradas en los informes, que aportaban beneficios ficticios y cubrían enormes pérdidas. Todo esto fue posible gracias a las flexibles normas de contabilidad que rigen el sector energético como “muestra de agradecimiento” por las grandes sumas de dinero que estas empresas habían dado para financiar campañas políticas. Sin embargo, según el informe la investigación del caso Enron, el informe Powers, fue precisamente el incumplimiento de uno de los requisitos de estas normas lo que obligó al gigante energético a rectificar sus balances. Llegó un momento en que fue imposible separar las deudas de las filiales de los beneficios de Enron y ésta se vio obligada a aplicar las reglas de consolidación, es decir, tuvo que empezar a informar de todas las operaciones y del estado financiero de la empresa, cosa que provocó una reducción espectacular de los beneficios y un crecimiento de las deudas que provocó su suspensión de pagos. A partir de aquí todo se precipitó: el 15 de enero, Wall Street suspendió la cotización de las acciones de Enron, se iniciaron las investigaciones y se abrió el proceso judicial contra el consejo ejecutivo de la empresa por fraude y engaño a los accionistas. Un proceso judicial que sigue abierto y que empezó con la comparecencia de los responsables de la empresa auditora de Enron, Arthur Andersen, acusada de destrucción de documentos relativos a la investigación. A lo largo del proceso se demostró que la auditora había encubierto las maniobras fiscales de los ejecutivos de Enron y que había destruido documentos relativos al caso para evitar que prosperase la investigación de la SEC. El 15 de mayo, el jurado declaró a la auditora culpable del cargo de obstrucción a la justicia y fue condenada a pagar medio millón de dólares en multas y a cinco años de funcionamiento supervisado.

Ahora bien, lo que parecía un caso aislado, una mancha dentro del modélico sistema financiero norteamericano, resultó ser solamente el principio y el ejemplo de lo que muchas grandes empresas de Estados Unidos estaban haciendo. Las multinacionales Adelphia (sexta compañía de cable de Estados Unidos), Tyco, Global Crossing o Qwest Comunication son sólo algunos ejemplos más de empresas cuyas cuentas presentaban múltiples irregularidades y a las que la SEC les ha abierto una investigación durante este año 2002. Pero aunque seguimos hablando de miles de millones de dólares, las suspensiones de pagos de estas grandes empresas no llegaron a alcanzar el “récord” marcado por Enron. Hasta que explotó el escándalo WorldCom. El 25 de junio, la compañía despidió a su director de finanzas, Scott Sullivan, y admitió la renuncia de su vicepresidente, David Myers, al ser descubiertas irregularidades en la contabilidad por un valor de 3.850 millones de dólares -cifra que aumentaría en 3.000 millones de dólares en agosto. Según la compañía, Sullivan ocultó pérdidas e infló beneficios para aumentar artificialmente el valor de la firma y atraer a los accionistas. Otro de los grandes implicados en el escándalo era el fundador y ex director, Bernard Ebbers, que dimitió el 30 de abril por las presiones del Consejo de Administración tras el desplome del valor en Bolsa de la compañía. El motivo del desplome no fue otro que el anuncio de que las cuentas de la compañía de telefonía estaban siendo investigadas. Y si las sospechas provocaron una fuerte caída de las bolsas, el escándalo sacudió el mercado y acabó con la poca confianza que les quedaba a los inversores tras el caso Enron. El 27 de junio, la SEC, que investigaba a WorldCom desde febrero, presentó una demanda contra la empresa por fraude y se inició un largo proceso que cada vez cuenta con más declaraciones de culpabilidad de diversos ex ejecutivos de nivel intermedio dispuestos a testificar contra sus superiores, ejecutivos de alto rango, por haberles obligado a falsificar registros financieros.

La preocupación en el sector financiero de Estados Unidos se agravó cuando se supo que los escándalos de WorldCom y de Enron tenían una alarmante coincidencia: en ambas empresas, la compañía auditora, es decir, la compañía que se encargaba de comprobar si la contabilidad era correcta, era Arthur Andersen. Una coincidencia que la auditora se apresuró a justificar asegurando que la firma realizó bien su trabajo pero que WorldCom ocultó información clave. Sin embargo, la sospecha es inevitable: 6.850 millones de dólares es demasiado dinero como para que una de las firmas auditoras más importantes de Estados Unidos no viese nada anormal.

Pero si el fraude de WorldCom fue, aproximadamente, diez veces mayor que el de Enron, ¿por qué se habló mucho más del caso de la compañía energética? La respuesta es sencilla: el caso Enron iba más allá del escenario económico. La vinculación directa de sus ejecutivos, especialmente de Kenneth Lay, con el presidente, George W. Bush, y el vicepresidente, Dick Cheney, provocó que la sombra de la sospecha se instalase encima del poder ejecutivo. Enron contribuyó con más de 6.000 millones de dólares a diversas campañas políticas durante el año 2001, especialmente a campañas del partido republicano y de George W. Bush. El actual presidente de Estados Unidos fue durante ocho años gobernador de Texas, estado donde se produjo la “explosión” del escándalo Enron, y anteriormente había sido un alto ejecutivo de la empresa energética Harken Energy Corporation. Diversos testimonios confirmaron que Bush y Lay, a quien Bush llamaba amistosamente Kenny boy, mantenían una estrecha amistad. A su vez, se confirmó que el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, se reunió seis veces con ejecutivos de Enron a lo largo del 2001, para que aconsejasen a la Casa Blanca sobre las perspectivas y los problemas del sector energético. De estos “consejos” surgió el plan energético de la Administración Bush que, según todos los observadores, parece redactado por la misma industria eléctrica de Estados Unidos. Joaquín Estefanía, periodista económico de El País, utiliza unas palabras de Adam Smith que describen perfectamente la situación: “La gente de la misma industria rara vez se reúne, incluso para divertirse, sin que la conversación acabe en una conspiración contra los ciudadanos, o para subir los precios”.

Precisamente esta estrecha vinculación pudo haber sido la causa de la rápida reacción de la Casa Blanca que, al verse salpicada por el escándalo, puso manos a la obra para conseguir que el Congreso aprobase unas reformas legislativas que se caracterizaban por un mayor control sobre las empresas y un endurecimiento de las sanciones a las firmas acusadas de fraude. ¿Fue una manera de redimirse, de demostrar a los ciudadanos de Estados Unidos que estaban al margen de este tipo de escándalos? Puede; de todas formas lo que importa es que el 30 de julio George W. Bush, después de haber hablado en Wall Street y en el Congreso, firmó la ley que establecía un endurecimiento de las penas contra las empresas y los ejecutivos que cometan algún tipo de fraude fiscal y anunció la creación de un organismo independiente encargado de controlar a las auditorías. Además, las conexiones entre las empresas que han protagonizado los escándalos y los poderes políticos provocaron que la Cámara de Representantes y el Senado aprobasen por unanimidad la ley de reforma de financiación política, que limita las donaciones de las empresas a los partidos o candidatos.

En un momento en que la confianza de los inversores rozó los mínimos soportables por los mercados, Bush optó por defender todas aquellas legislaciones y medidas que toda la vida había rechazado: la autorregulación dejó paso a un mayor control del Estado.




 


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