Anuario 2002

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Kenia
La sucesión de Moi
Terror electoral

El terror sobrevuela el 27 de diciembre del 2002, jornada electoral. Kenia, hasta el momento, sólo ha celebrado dos elecciones multipartidistas que han establecido un oscuro precedente dentro del imaginario colectivo de la población. Durante el 2002 ha habido dos hechos que han remarcado lo que sucedió en los comicios de 1992 y 1997 y que ayudan a entender el miedo que ha de superar el pueblo keniano para poder ejercer su derecho legítimo a elegir a sus dirigentes.

El 9 de agosto del 2002, el periodista y miembro del Parlamento Njehu Gatabaki fue condenado a seis meses de prisión por un reportaje publicado en la revista “Finance” durante la campaña electoral del 1997. Desde ese medio de comunicación, considerado uno de los más independientes respeto al poder omnipotente del partido gubernamental KANU, Gatabaki denunció los disturbios que rodearon los comicios de 1992. Concretamente, denunció los ataques de la etnia kalengi, a la cual pertenece el presidente Daniel Arap Moi, contra la comunidad kikuyu de la ciudad costera de Mombasa. En las diferentes matanzas, según cifras no oficiales, se calcula que murieron cerca de 1.500 kikuyus. El periodista, en este caso, denunciaba la implicación directa del propio presidente y su circulo de poder incitando a la violencia contra los kikuyus. La afirmación, como se puede comprobar por el veredicto, le ha salido relativamente cara. El tribunal le ha acusado de difamación en la persona del presidente Moi y le ha impuesto la pena alegando una condena ejemplar para demostrar al pueblo que ni los miembros del Parlamento se salvan de la mano de la justicia. Considerando que el 1998, aun bajo el régimen unipartidista, Moi puso el sistema judicial bajo su control directo, la lección a extraer de dicha sentencia es significativamente diferente.

Uno de los mayores contratiempos de Gatabaki para corroborar las afirmaciones de su articulo fue la falta de documentos oficiales que respaldasen su afirmación. Estos no existían dada la inoperancia del aparato gubernamental a la hora de investigar los hechos de 1992. Sin embargo, el informe del grupo norteamericano Human Right Watch “Jugando con fuego: la proliferación de armas, la violencia política y los derechos humanos en Kenia”, presentado el 31 de mayo del 2002, da un respaldo moral a las afirmaciones de Gatabaki. Aunque no se refiere a los mismos incidentes, este documento denuncia la relación directa del Gobierno con los grupos armados que incentivaron los conflictos étnicos alrededor de las elecciones de 1997. Los altercados descritos tuvieron lugar, como los de 1992, en la provincia de Mombasa, y murieron más de 100 personas y 100.000 personas fueron desplazadas a la fuerza para impedir su derecho a voto. Además, el grupo de investigación determinó que desde las elecciones de 1992 ha habido más de 400.000 desplazados como resultado de la violencia política. Al mismo tiempo, los investigadores consiguieron declaraciones exclusivas para estos informe provenientes de los mismos implicados en la masacre. Los agresores admitieron haber sido impulsados por el partido gubernamental KANU a atacar los otros grupos étnicos de la zona. También aceptaron que el Gobierno les había facilitado armas y medios para organizarse.

Anteriormente, la misma comisión encendió el 1998 una investigación para la violencia política desde 1991. Después de meses de recoger testimonios dirigió un informe directo al presidente Moi en agosto de 1999. En este caso el Gobierno se negó a hacerlo público. Sin embargo, la insistencia de la organización americana ha terminado recogiendo sus frutos en octubre del 2002. En julio del 1998 el presidente Moi creó una comisión judicial para confirmar las denuncias americanas pero nunca hizo público el documento resultante. Cuatro años después un tribunal ha obligado a publicar los resultados viéndose que el mismo documento de las instituciones kenianas recomienda la investigación del ministro de turismo, Nicholas Biwott, y de Defensa, Julius Sunkuli. Este progreso, sin embargo, se ha visto frenado por la intervención del propio fiscal general del Estado, Amos Wako, que ha calificado de irregulares las conclusiones de la propia administraciones de justicia.

Por lo que se refiere a las elecciones de diciembre de 2002, se teme que estos incidentes se repitan una vez más. Además, es probable un aumento de la virulencia de los mismos dada la debilidad del partido gubernamental KANU después de la retirada del presidente Moi. Como punto positivo encontramos que el nuevo candidato del partido, Uhuru Keniatta, es kikuyu y por lo tanto esta comunidad, una de las más afectadas por los conflictos descritos, se puede salvar esta vez de los ataques de los partidarios de KANU. Sin embargo, aún permanece el poder casi omnipotente del hasta ahora partido gubernamental en las zonas más marginales del país, hecho que podría llevar al Gobierno a promover una política de especial mano dura para la población de estas zonas.


 


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