Anuario 2003

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El Gobierno de Toledo hace aguas y pierde credibilidad ante los peruanos
Fujimori se libra, por el momento

Pese a que Fujimori dejó de ser presidente de Perú hace dos años, el ex mandatario sigue estando de actualidad. Desde su exilio forzado en Japón, el ex dirigente sigue con sus corruptelas. El actual Gobierno quiere que Fujimori sea extraditado, pero el Ejecutivo nipón parece hacer oídos sordos a la petición del equipo de Toledo. Su ex consejero, Montesinos, ha sido juzgado en Perú, después de que fuera arrestado en Venezuela a finales de 2002.

El ex presidente fue acusado por primera vez el 13 de febrero de 2001 por la Fiscalía de la Nación, que lo relacionaba con los delitos de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos. Seis días más tarde, la comisión investigadora del Congreso acusaba a Fujimori de no hacer cumplir las leyes y la Constitución peruanas, y de usurpación y abandono de un cargo público. Cinco días más tarde, el mismo Congreso lo inhabilitaba durante 10 años para ejercer un cargo público.

Pero estas no han sido las únicas acusaciones que ha recibido Fujimori, ni tampoco son las que utilizado el Gobierno peruano para reclamar su extradición. El ex presidente ha sido acusado de presunta participación en homicidios, desapariciones forzadas y torturas. Estas acusaciones están respaldadas por el testimonio de tres miembros de las Fuerzas Armadas, entre los que se encuentra el general Nicolás Hermoza Ríos, que ha declarado que Fujimori estaba al corriente de todas las actividades del Grupo Colina, grupo de mercenarios que participó en diferentes asesinatos.

Por su parte, Japón ha recibido con escepticismo la petición de extradición del ex mandatario. Pocas horas después de presentar el documento, el ministro portavoz del Gobierno nipón, Yasuo Fukuda, declaró que por norma general no se acepta la extradición de un ciudadano japonés, como es el caso de Fujimori, que tiene la doble nacionalidad.

El Gobierno peruano no es el único que desea capturar a Fujimori. La Interpol ha interpuesto una orden de detención (que incluye la extradición) a los 181 países que forman parte de este organismo. La petición la han hecho por crímenes contra la humanidad y por secuestro.

Por otra parte, Montesinos sí que ha sido juzgado en el último año. El primer juicio se realizó a principios de febrero y, aun con los intentos de Montesinos de retrasarlo (un desmayo durante su declaración), se llegó a un veredicto. El proceso no empezó exento de polémica, ya que el juez que instruía el caso, Barreto, dejó libre a Montesinos antes del inicio del juicio por haber estado recluido ilegalmente, según él. Finalmente, Montesinos fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por el delito de tráfico de influencias. Al acusado se le aplicó la pena máxima por ese tipo de delitos. Además, fijó la “reparación civil” de los daños causados por Montesinos en 142.000 dólares, la pena que pedía el fiscal. Esta fue la segunda sentencia que recibía el ex asesor, que está pendiente de otras causas abiertas contra él. En relación a las matanzas realizadas por el Grupo Colina, Montesinos podría recibir la condena de 25 años de prisión por homicidio.


 


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