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El Gobierno de Toledo hace aguas y pierde credibilidad ante los peruanos
El esperado informe de la Comisión de la Verdad

A finales del mes de agosto de este año, el día 28, Perú dio un paso fundamental hacia el reconocimiento de las víctimas de la violencia política durante las dos últimas décadas. La encargada de hacer este recuento fue la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El cómputo total: 69.280 personas muertas a lo largo de estos últimos veinte años. El resultado triplica las cifras que se habían manejado hasta ahora. De éstas 69.280 víctimas, el 75% son quechuahablantes mientras que el 50% fueron muertos en la zona andina de Ayacucho, el departamento donde empezaron los enfrentamientos. En sus páginas, se tacha al grupo terrorista Sendero Luminoso como el principal violador de los derechos humanos, con un 54% de las muertes.

Pero Sendero Luminoso no es el único que queda mal parado en este informe. Los presidentes Alan García y Fernando Belaúnde son acusados de responsabilidad política porque no aplicaron el control necesario sobre algunos sectores de la Fuerzas Armadas, que “se excedieron”. Alberto Fujimori y su famoso asesor, Vladimiro Montesinos, tienen responsabilidad penal. En concreto, se hace referencia al autogolpe de abril de 1992 y a la creación de un escuadrón de la muerte: el grupo Colina. En este caso se implicaría de forma directa al ex presidente, a Montesinos y altos funcionarios el Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano (SIE).

El Grupo Colina, según descubrieron las investigaciones periodísticas, formaba parte del SIE y no era un grupo clandestino o paramilitar como se llegó a afirmar. A este grupo se le responsabiliza de las matanzas de la Cantuta y Barrios Altos, donde murieron una veintena de personas, en Lima. Las pruebas de estas implicaciones se encontraron en los mismos archivos del servicio de inteligencia, donde se nombraba tanto a suboficiales como a altos cargos del Ejército. El semanario “Caretas” fue el que sacó a la luz todo el escándalo en abril de 1993.

La Comisión de la Verdad también ha investigado a militares y civiles. De hecho, pocos días después de la publicación del informe, se entregó un sobre cerrado con diferentes nombres a la Fiscalía de la Nación. Unas declaraciones del presidente de la comisión, Salomón Lerner, resumen el trabajo y el resultado de los 22 meses que duraron las labores del organismo: “Las dos décadas finales del siglo XX son una marca de horror y de deshonra para el Estado y la sociedad peruanos”.

Meses después de la presentación de este informe, el presidente Toledo pidió perdón en nombre del Estado a las víctimas de la violencia política ya que “no podía sustraerme a una responsabilidad que sí me toca a pesar que no fuimos gobierno (…) Pido perdón a quienes han sufrido”. Pero grupos representantes de la Iglesia católica y de defensores de los derechos humanos dieron un toque de atención al presidente para no hacerle olvidar que cada el informe solicita indemnizaciones individuales para los afectados por la violencia política.


 


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