Anuario 2003

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El financiamiento ilegal salpica a Fox, que llega al ecuador de su mandato con duras críticas a su gestión económica
Una nueva etapa de resistencia zapatista

El 17 de noviembre de 1983, hace ahora veinte años, se fundaba en Chiapas el conocido como Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Unos diez años más tarde, el 1 de enero de 1994, el EZLN se daba a conocer en México. Para conmemorar estas dos fechas, desde el 10 de noviembre de 2003 y hasta el 12 de enero de 2004, se celebran diferentes actividades, desde mesas redondas para debatir la situación del país y la actuación de la guerrilla, hasta exposiciones, presentaciones de libros o vídeos del EZLN. Durante el 2003 llegaba la propuesta zapatista de crear nuevos gobiernos autónomos en las comunidades indígenas. Una propuesta que pretende fortalecer la autoorganización de estas comunidades indígenas después de que, en julio, se suspendiera cualquier contacto de la guerrilla con el Gobierno.

Con su aparición, el ejército zapatista, encabezado por el subcomandante Marcos –que ahora sigue asentado en el corazón de la selva de Chiapas- pedía una mejora de los derechos de los pueblos indígenas. Desde las filas zapatistas se pedía que los pueblos indígenas “pudieran escoger libre y democráticamente sus propias autoridades administrativas”. Los municipios indígenas, agrupados según las costumbres de sus pueblos, empezaron a formarse el mismo año 1994. En 2003 se ha querido formalizar la autonomía de estas comunidades y se han creado los llamados Caracoles (antes conocidos como Aguascalientes) i las Juntas de Buen Gobierno, unas nuevas estructuras de gobierno indígenas distribuidas en las cinco zonas según la geografía de los pueblos indígenas de Chiapas: el Norte (chol), Altamirano (tzeltal-tojolabal), selva tzeltal, selva tojolabal y Altos (ztotzil). Hasta las negociaciones de paz con el Gobierno y el proceso de paz, los rebeldes zapatistas aumentaron su presencia en 38 de los 110 municipios de Chiapas con el objetivo de que los pueblos indígenas escogieran sus propias autoridades. Fruto de las negociaciones de paz, el 16 de febrero de 1996 se firmaron los conocidos como Acuerdos de San Andrés que intentavan conseguir una “nueva relación de los pueblos indígenas y el Estado”. El documento de estos acuerdos firmados en San Andrés, Chiapas, reconocía la desigualdad de los pueblos indígenas y los abusos a que habían sido sometidos, las tierras que se les había confiscado y la discriminación cultural y social que sufrían. Además, el Gobierno hacía suyo el problema indígena y, al mismo tiempo que reconocía la situación de pobreza y miseria a que estaban relegados estos pueblos, expresaba su voluntad de hacer frente a un problema que era “nacional” y que hacía falta resolver con la participación de todos los mexicanos. En este sentido, el Gobierno federal mexicano se comprometía a reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución y a garantizar el derecho a la libre determinación de estos pueblos, es decir, a determinar libremente su condición política; garantizar el acceso a la justicia; promover manifestaciones culturales; asegurar la educación y las necesidades básicas; impulsar la producción y los puestos de trabajo y, por último, proteger a los indígenas de dentro o fuera de las fronteras. Pero la autonomía reclamada por el EZLN no llegaba y los zapatistas decidieron sacar adelante su propuesta y declararon sus municipios autónomos dentro de las comunidades indígenas, que se mantienen gracias a la autoorganización. Esto ha provocado el constante ataque por parte del Gobierno, que los acusa de disgregar la unidad nacional. La propuesta anunciada en 2003 por el subcomandante Marcos pretende fortalecer la autonomía indígena en un contexto de celebración de los diez años de irrupción en México. Por su parte, el Gobierno de Vicente Fox anunció, ante los cambios promovidos por los zapatistar en 2003, que se encargaría de que estos estuvieran dentro del marco de la Constitución. Santiago Creel, ministro de Gobernación, manifestó la voluntad del Gobierno de reemprender las negociaciones de paz con el EZLN que se rompieron en el año 1996. Desde la Administración se apunta que han cumplido las promesas hechas en los acuerdos de paz – retirada de militares de la zona de conflicto, libertad para los zapatistas presos, presentación de una ley indígena al Congreso y respetar la Ley de Amnistía-. Por su parte, el EZLN niega rotundamente que los acuerdos se hayan respetado y se aferra a la iniciativa de aumentar la independencia de los municipios autónomos bajo el control del EZLN del estado de Chiapas.

“¿Dónde está la paz? No te importa dañar el esfuerzo de aquéllos que te hicieron presidente?” Con estas palabras se expresaba la comandante Esther el primer día de enero de 2003 cuando más de 20.000 indígenas se concentraron en Sant Cristóbal de las Casas para manifestar su apoyo al EZLN. Esta concentración de campesinos e indígenas coincidía con el aniversario del levantamiento zapatista y cobraba especial importancia ya que el Gobierno federal, en una acción conjunta con el gobierno de Chiapas, estaba forzando los desalojos de indígenas en la zona de los Montes Azules. Fuentes gubernamentales aseguraban que el desalojo respondía a la necesidad de preservar los recursos naturales de la zona pero desde el EZLN se apuntaba que lo único que se pretendía era echar a los indígenas y apropiarse del territoro, pasando por alto el derecho de los indígenas a decidir sobre su territorio. Según manifestaron un grupo de ONG mexicanas y de toda Latinoamérica, la iniciativa del Gobierno pretendía “hacer desaparecer a los campesinos para convertirlo en mano de obra barata explotable en maquiladoras, mientras se venden las riquezas nacionales más valiosas a las poderosas empresas multinacionales”.


 


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