Anuario 2004

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El resurgir del PRI y la carrera para las elecciones de 2006 lastran la gestión de Fox
Echeverría, un ex presidente que puede acabar entre rejas

A mediados de julio, el ex presidente de México entre 1970 y 1976, Luis Echeverría, fue acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad por su participación en dos matanzas. Una, el 10 de junio de 1971, siendo presidente del país, costó la vida de cerca de cuarenta estudiantes y significó un capítulo más de la llamada “guerra sucia” en México. En esta etapa abyecta de la historia del país, que se prolongó durante las décadas de los 60 y 70, desparecieron unos 1.500 activistas contrarios al gobierno priísta. En la matanza, llamada “Jueves de Corpus” y ocasionada en unos momentos en que repuntaba el siempre incómodo movimiento estudiantil mexicano, un grupo paramilitar conocido como Los Halcones atacó a la multitud que se manifestaba en el barrio de San Cosme en México DF. Este grupo dependía económicamente del entonces presidente, Luis Echeverría, con el que mantenía contacto. Las consignas de los estudiantes se pregonaban mediante en gritos contra el presidente de la República. Sus peticiones, la reforma universitaria y la libertad para presos políticos. A las 17 horas de aquel día de junio, explotó una granada y acto seguido Los Halcones, mediante francotiradores y patrullas, atacaron a la multitud. Después de dos horas de lucha, se dio por concluido el conato de revuelta estudiantil.

La otra matanza se perpetró el 2 de octubre de 1968, mientras Echeverría era secretario de Gobernación. Ésta última, conocida como Matanza de la Plaza de las Tres Culturas, acabó con la vida de entre 150 y 300 estudiantes.

El encargado de recordar este amargo episodio e intentar que sus culpables, con Echeverría a la cabeza, fueran procesados, fue el fiscal especial mexicano, Ignacio Carrillo Prieto, titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, especializada, como el nombre indica, en investigar delitos antiguos. No obstante, su petición de pena para el ex presidente fue denegada por el juez federal, Julio César Flores, que alegó que los crímenes imputados a Echeverría habían ya prescrito por haberse producido hace más de 30 años. De este modo, negaba la posibilidad de que Echeverría, de 82 años y perteneciente al PRI, fuera el primer mandatario de México en sentarse en el banquillo de los acusados. El abogado defensor del ex presidente, Juan Velázquez, alegó que no existió genocidio alguno -este apelativo se usa para referirse a la matanza masiva de miembros de un grupo o colectivo cualquiera que sea su naturaleza-, y, que en el caso de existir, el delito ya habría prescrito. Por su parte, Flores, calificó los delitos de Echeverría como homicidios cualificados, lesiones, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad. El matiz de considerar los hechos de 1971 de este modo, en lugar de definirlos como genocidio, no es, en absoluto, baladí, ya que según se le dé un calificativo u otro, puede aplicarse la prescripción o no. La diferencia está en que un delito de genocidio nunca prescribe.

Pero el fiscal Carrillo Prieto no se rindió y tres días después de la exculpación del ex presidente por parte del juez Flores, anunció su decisión de apelar a la Corte Suprema mexicana. Ésta aceptó la demanda y México se halla aún a la espera de su resolución.

Los principales partidos políticos ya se han posicionado: el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han apoyado la decisión del juez Carrillo Prieto de inculpar a Echeverría. El apoyo del PAN se entiende, además, ya que la fiscalía que ocupa Carrillo fue creada en 2002 por el propio Vicente Fox. Precisamente, es al actual presidente al que muchos ven detrás del proceso contra Echeverría, puesto que antes de que el fiscal empezara el proceso para esclarecer la matanza del Jueves de Corpus, mantuvo un encuentro con Fox. Asimismo, el PAN afirma que con la investigación sobre los hechos de 1971 “se refuerza el Estado de derecho”. Por su parte, el PRD también apoyó a Carrillo con el argumento de que “la justicia debía triunfar en México”. Quien no se lo tomó tan bien, fue, lógicamente, el Partido de la Revolución Institucional (PRI), al cual pertenece Echeverría. Según este partido, todo el proceso quiere ser “una cortina de humo para tapar los problemas que aquejan al país”. Sea como fuera, los ex presidentes Salinas de Gortari y el propio Echeverría han olvidado viejas rencillas y han llamado a la unión del partido en defensa de una nueva ofensiva foxista, a la que, además, han calificado como “una política de revanchismo y linchamiento”.

 


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