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Castro recentraliza la economía cubana para luchar contra los “nuevos ricos” y “el despilfarro”
Medidas de corte populista

El 12 de abril, Fidel Castro anunció un aumento del salario mínimo de 100 a 225 pesos, lo que benefició a 1,6 millones de cubanos que trabajan en los empleos menos remunerados, como los obreros agrícolas, pintores, carpinteros o albañiles, entre otros.

Otra medida es la promesa hecha en mayo de “atender y resolver necesidades” de 43.000 familias integradas por madres solteras con familia numerosa, ancianos solos, discapacitados y enfermos de dolencias letales. Además, el Gobierno se comprometió a que los apagones, tan comunes en la isla, en pocos meses serán sólo una “mal recuerdo”.

Los problemas energéticos de la isla derivan del mal estado de las termoeléctricas que durante los años más duros del “periodo especial” -como se conoce en Cuba la crisis económica que sufrió a principios de los noventa tras la caída de la URSS- trabajaron con petróleo nacional, más pesado por su alto contenido de azufre.

La actual estrategia económica del régimen castrista incluye fuertes inversiones en el sector de la generación eléctrica con el objetivo de solucionar las graves deficiencias de electricidad que afectan a la población y que han provocado el cierre de fábricas. A finales de mayo, Castro afirmó que la recuperación energética era “una prioridad máxima” para su Gobierno y anunció que, en menos de un año, el país contaría con un millón más de kilovatios para atender la demanda.

Por otra parte, un reciente informe oficial señaló que en Cuba hay un déficit de medio millón de casas y que el 43% de los hogares cubanos se encuentra en regular o mal estado. Una cifra a la que ahora habrá que añadir los daños totales o parciales que causó el huracán Dennis a cerca de 140.000 viviendas. Para paliar esta situación de precariedad, el pasado 1 de septiembre, el Gobierno de Fidel Castro anunció que destinaría 1.617 millones de dólares para construir y reparar viviendas. Dos meses antes, y apoyándose en las ayudas financieras procedentes de Venezuela, Castro ya había prometido una importante inversión en obras públicas con el anuncio de un nuevo plan de vivienda 2005-2006 que prevé la construcción de al menos 150.000 viviendas y la ejecución de 380.000 acciones de conservación y rehabilitación.

En general, estas medidas han sido bien acogidas por la población pues evidencian una voluntad estatal de comenzar a resolver problemas sociales acumulados durante el “periodo especial”. Pero para la disidencia las medidas tienen un evidente trasfondo político ya que intentan paliar el descontento de la población, que en los últimos 15 años ha sufrido la estrechez de la crisis.

 


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