Anuario 2005

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Bush inicia su segundo mandato asediado por los problemas
Conservadores y liberales mantienen su pulso

Una serie de acontecimientos acontecidos en Estados Unidos han puesto de manifiesto la gran división ideológica que vive el país. Si años anteriores los temas que solían acaparar la atención en los medios eran el aborto y la legalización de las parejas homosexuales, este año el caso de la tetrapléjica Terri Schiavo y del ejecutado número 1.000 desde que se reinstaurara la pena de muerte en el país han separado, aún más si cabe, a la sociedad. La separación entre conservadores y liberales es clara. Hay quien habla, incluso, dentro del partido demócrata, de una revolución conservadora encabezada por el presidente Bush, de quien dicen que se ha marcado como objetivo plasmar sus convicciones tradicionalistas en la sociedad norteamericana

Lo sucedido en Florida con Terri Schiavo a principios de año es un ejemplo de hasta dónde pueden llegar esa escisión antes mencionada. El tema de la eutanasia caló de una manera general en los debates del país durante los más de cinco meses que duraron las protestas. El caso de Schiavo se centró en la disyuntiva de desconectar a una persona que llevaba 15 años enchufada a una máquina que la mantenía con vida. El caso de Terri dividió a jueces, legisladores, políticos y hasta hizo pronunciarse al presidente del país, George Bush. Incluso dentro de la familia de la enferma hubo grandes disputas y fuertes divergencias en torno a qué hacer con la vida de la paciente.

Todo empezó cuando en 1998 Michael Schiavo, en contra de la voluntad de los padres de Terri, solicitó autorización judicial para poder retirar a su esposa las sondas de alimentación artificial. A partir de ese momento la lucha entre marido y familia carnal fue creciendo. Los médicos estaban divididos ante la posibilidad de que Terri pudiese sobrevivir. No fue hasta 2003 cuando el juez Creer ordenó que se retirasen las sondas. En este punto intervino el gobernador de Florida, Jeb Bush, quien aprobó la “Ley Terri”, para frenar la sentencia del juez y lograr que los tubos de alimentación de Terri volviesen a ser conectados. El presidente del país, George W. Bush, respaldó esta ley dos horas más tarde de ser aprobada.

A partir de este punto el presidente tomó claramente cartas en el asunto. Pese al apoyo del presidente a la ley, la Corte Suprema de Florida declaró inconstitucional la Ley Terri. Aunque la sentencia era clara, Jeb Bush apeló. Apelación que fue rechazada por la Corte en enero de este 2005. Ese mismo mes, la Corte Suprema fijó el 18 de marzo como fecha en la que debían ser desconectados los tubos a Terri. La opinión pública estaba totalmente dividida. Ciudadanos a favor de mantener con vida a la enferma y los que defendían desconectarla de la máquina para que la naturaleza siguiese su curso se manifestaban en frente del hospital donde la paciente estaba ingresada y ante la casa de la familia de ésta. Dada la gran repercusión que tuvo este acontecimiento, en un acto insólito, el Comité de Salud del Senado de EE.UU. citó a Terri, a pesar de su estado “vegetal”, y a su esposo Michael para que compareciesen ante este organismo el 28 de marzo. Asimismo, el Comité de Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes inició su propia investigación y mandó citación a los familiares de la enferma.

Todas estas maniobras trataban de impedir la desconexión de Terri, pero una nueva sentencia del juez Greer autorizó la retirada de los tubos, que finalmente fueron desconectados el mismo 18 de marzo. Ante las presiones de los sectores más conservadores de Estados Unidos, los congresistas republicanos trabajaron a contrarreloj e incluso interrumpieron sus vacaciones de Semana Santa con el fin de aprobar una ley para aliviar a los padres de Terri -la ley alargaba unos días la vida de la paciente-; dicha ley la firmó de madrugada del presidente Bush. Llegados a este punto, en el que Bush se había involucrado tan personalmente, un juez federal, James Wittemore, decidió comenzar a investigar. Al día siguiente, 22 de marzo, Wittemore rechazó ordenar la reconexión. Pese a los pertinentes recursos presentados por los padres de Terri, ninguno prosperó. Al decimocuarto día sin recibir ni agua ni comida, el 31 de marzo, Terri falleció en un Hospital para enfermos terminales de Pinellas Parak.

Con la muerte de la mujer de 41 años no acabó todo. En la Cámara de Representantes, el líder de la mayoría republicana, Tom Delay, hizo que el Congreso investigase a fondo cómo los tribunales trataron el caso de la tetrapléjica. Los debates televisivos sobre el caso se sucedieron constantemente. Un dato revelador es que la popularidad del presidente después de haber tomado parte a favor de la familia de la enferma bajó estrepitosamente hasta situarse en un 40%. Bush fue acusado de inmiscuirse en un debate familiar que, pese a que había alcanzado gran relevancia a nivel de todo el país, no era de su “incumbencia”, aseguró un periódico local de Florida.

Si el caso Schiavo separó, aún más si cabe, las posturas ideológicas de progresistas y tradicionalistas, el caso del reo de muerte número 1.000 hizo ahondó más en ese distanciamiento. Cabe decir que la escisión en este caso de detractores y partidarios de la pena de muerte no corresponde a la división entre demócratas y republicanos como en otros asuntos como el aborto o el matrimonio entre homosexuales. En 1994, el 80% de la población norteamericana estaba a favor de la pena de muerte. A día de hoy esa cifra ha bajado a un 64% según el último sondeo de Gallup. Profundizando más en esta estadística, se observa que dentro del bando demócrata, un 55% de ellos apoya la pena máxima a los reos de muerte. Las cifras en el bando conservador son más altas y alcanzan un 77% de aprobación. Pero hay otro dato revelador y es que si se plantea la alternativa de que los criminales culpables sean condenados a cadena perpetua sin posibilidad de salir de la cárcel, el apoyo a la pena de muerte se reduce al 50%.

Estas cifras deberían ser bastante preocupantes para sus detractores, pero según Richard Reiter, director del Centro sobre la Pena de Muerte, “hay señales claras de que este país está replanteándose el asunto”. Y, ¿cuáles son esas señales? La primera es que a principios de marzo, el Tribunal Supremo anuló la pena de muerte para los menores de edad (entre 15 y 18 años .Los menores 15 años ya estaban exentos por otra ley de 2002, de esta pena). Unos 70 jóvenes de entre 16 y 17 años que se encontraban en el “corredor” se vieron beneficiados por la medida. Según Amnistía Internacional, desde 1990 hasta la actualidad se han ejecutado, en los 19 estados del país en que esta práctica estaba todavía en vigor, a 19 menores de edad, el 56% de todas las ejecuciones de menores del mundo en ese periodo. Otro indicador que denota el descenso del apoyo a la pena de muerte como mecanismo represor para criminales, es lo sucedido con el condenado a muerte número 1.000 desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976. Su nombre es Robin Lovitt, y debía haber sido ejecutado a finales de noviembre. Pero en su caso había dudas “más que razonables” de que cometiera el crimen por el que fue condenado a muerte en 1999, según informaron sus abogados. Su sentencia a la pena máxima atrajo la atención mundial y varios conservadores acérrimos, como el fiscal especial Kenneth Starr, quien investigó las relaciones extramatrimoniales del ex presidente Bill Clinton, reclamaron al gobernador de Virginia, Mark Warner, que conmutase su sentencia. Lovitt aseguró que no había cometido el crimen por el que fue acusado, matar al jefe de un local nocturno. Sus abogados argumentaron que hubieran podido demostrar su inocencia si una prueba de ADN presentada por el acusado no hubiera sido destruida ilegalmente.

Ante la presión popular, Lovitt recibió a última hora la gracia del gobernador Warner, quién decidió conmutar finalmente la ejecución por una condena a cadena perpetua. Las pruebas de ADN, supuestamente destruidas ilegalmente y que finalmente aparecieron, fueron las que acabaron de convencer a Warner. En este caso, el ADN y el no tener la seguridad 100% sobre la culpabilidad del acusado fueron lo que hicieron rectificar al gobernador. Otro debate más se abría en Estados Unidos, no relativo a la potestad de un gobernador para decidir sobre la vida de un reo, sino relativo a la fiabilidad de las pruebas para dictar penas de muerte. El ejecutado número 1.000 fue Kenneth Lee Boyd, condenado por matar a su esposa y a su suegro ante dos de sus hijos. La ejecución de Boyd no levantó tanto revuelo, ya que se declaró culpable, como la llevada a cabo en el estado de California a Stanley Tookie Williams. Este condenado a muerte era un asesino rehabilitado que había sido propuesto en varias ocasiones para Nóbel de la Paz. Williams se convirtió en los últimos años en todo un símbolo contra la pena de muerte y, desde prisión, editó una serie de libros para niños que se han convertido en todo un referente contra la violencia callejera y le valieron en su día una nominación al Nobel de Literatura.

Williams congregó a más de 2.000 personas en los aledaños de la prisión de San Quintín, donde fue ejecutado, entre ellos el reverendo Jesse Jackson, la cantante Joan Baez y el actor Sean Pean. Por su arrepentimiento y por su clara influencia en la sociedad actual como “converso”, la ejecución de Williams despertó la indignación en el país, incluso en gente que tradicionalmente apoya la pena de muerte. Jackson señaló tras la ejecución que “esto ha acabado, pero en realidad éste no es el fin”, en referencia a la larga lucha contra la pena capital. Más severo se mostró contra Arnold Shchwarzenegger, gobernador del estado de California, que denegó días antes la clemencia para Williams. Para Jackson, el gobernador prefirió la venganza al perdón.

En 1976, en plena oleada de criminalidad, el Tribunal Supremo falló a favor de la reanudación de las ejecuciones, después de una pausa de 10 años. Tras los ya más de mil ejecutados desde 1976, otra señal llama al optimismo de los detractores de la pena máxima: las estadísticas muestran que desde finales de la década de los 90 las penas capitales han descendido en un 50%, así como el número de ejecuciones que han disminuido en un 40%, dándose el número más alto en 1999, con 98 ejecuciones. Además, el descenso de la criminalidad, las dudas sobre la eficacia disuasoria de la pena capital, las nefastas defensas que sufren muchos de los condenados que no tienen dinero para pagarse un buen abogado y los avances en las técnicas de ADN -que han contribuido a demostrar la inocencia de más de un centenar de condenados a muerte- han tenido eco en la sociedad. Finalmente Bush, que está con la mayoría favorable a la pena máxima ya que considera que esta medida sirve para garantizar la seguridad y salvar vidas, ha lanzado una iniciativa para extender el empleo de las pruebas de ADN en las investigaciones criminales.

Pero, según varios analistas, el camino para la extinción de la pena de muerte aún es largo. Si bien es cierto que estados como Illinois y Nueva Yersey han adoptado moratorias en todas las ejecuciones pendientes y que comisiones parlamentarias de California y Carolina del Norte revisan sus normas, la mayoría de los estados de Norteamérica aplican la pena de muerte. La vigencia de la pena de muerte en EE.UU. no ha estado exenta, como hemos visto, de una creciente, aunque moderada, movilización social a favor de su abolición. La presión internacional también está influyendo en este sentido; en concreto, los requerimientos del Consejo de Europa, del que Estados Unidos tiene el estatus de observador. Este organismo pretende que Norteamérica establezca una moratoria sobre las ejecuciones para que sirva de ejemplo a Turquía, país en el que hasta hace poco la pena máxima era legal.

Y es que una de las cosas que se le achaca a Estados Unidos, y en concreto a su presidente, es el juego dicotómico que contienen sus políticas. Si pretende instaurar democracias en países de regímenes tiránicos, la persistencia de la pena de muerte en Norteamérica puede servir de coartada para su mantenimiento en estados no democráticos. Entonces no se entiende cómo el país “paradigma de la libertad” comparta esta atentado contra las libertades con países como Irán, Arabia Saudí y China, que ejecuta en un año a tres veces más condenados que Estados Unidos.

Otros temas que, por tradición, siempre han suscitado enfrentamientos, son el aborto y los derechos de los gays y lesbianas. Respecto al aborto, el Tribunal Supremo volvió a manifestarse a finales de mayo con la intención de revisar en unos cuantos estados, como New Hampshire, leyes estatales que limitan el aborto a menores de edad. Hasta la fecha, si una menor 18 años quería abortar, debía pedir permiso a sus padres o tutores. El Supremo estudia dinamitar esta limitación para que jóvenes niñas puedan abortar a su libre albedrío. La reacción de conservadores tampoco se hizo esperar. Las calles de New Hampshire se abarrotaron de antiabortistas que alegaban que los índices de interrupciones de embarazos se duplicarían de una manera brutal, argumentando que no puedes dar libertad a una menor para abortar ya que en muchas ocasiones la “joven” no es suficientemente madura como para tomar esta decisión.

Si las trifulcas entre unos y otros fueron desmesuradas antes de que la ley haya entrado en vigor, si la ley se aprueba finalmente, las disputas, no tan sólo callejeras, serán de enormes dimensiones. Igual de importantes que la revocación de un tribunal de California de una ley del Gobierno Shchwarzenegger que definía el matrimonio exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer. Parece que California empieza a seguir los pasos de Massachussets, único estado de la Unión que permite este tipo de uniones. Duro palo contra el republicano Shcwarzenegger, que pese a que en según qué cosas no es tan conservador como el resto de miembros de su partido, en este tema siempre ha mostrado una inamovible posición.

 


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