Anuario 2007

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Las diferencias entre liberales y demócratas terminan con la débil coalición de centroderecha 
La inmigración rumana en Italia enciende los ánimos de la UE

Ni las incorporaciones en masa de los países de Europa del Este al seno de la Unión parecen poder acabar con ciertos muros invisibles que aún separan la Europa del Este a la occidental. Así por ejemplo, sus estructuras económicas todavía son bien distintas y estos nuevos socios de la UE también han demostrado que no se pliegan a cualquier exigencia que provenga de Bruselas. Además, la apertura de las fronteras de la Unión hacia el este ha contribuido a importantes migraciones de los nuevos ciudadanos europeos hacia la Vieja Europa. Y Rumania es un caso paradigmático de esta tendencia, pero también de los retos a los que se deben enfrontar los países miembros más veteranos. Así por ejemplo, el asesinato de Giovanna Reggiani, esposa de un oficial de la Marina italiano, a manos, supuestamente, de un rumano fue una de las pruebas a superar para la Europa de los Veintisiete.
    Además, dicho asesinato puso en primera página un asunto candente durante meses e incluso años: la delincuencia protagonizada por ciudadanos rumanos –y especialmente, la ejercida por el pueblo gitano, como en este caso–, con el agravante para Bruselas de que ahora son miembros de la Unión. Así pues, a partir del asesinato de Giovanna Reggiani, el 1 de noviembre, los acontecimientos se siguieron trepidantemente. Romano Prodi convocó una reunión extraordinaria del Gobierno para aprobar un decreto ley que permitiese la expulsión inmediata de los delincuentes procedentes de la UE –aunque no quedara por escrito, el objetivo era básicamente el pueblo rumano residente en Italia. Dicho proyecto perseguía extender a los ciudadanos comunitarios las medidas represivas que se aplican a otros inmigrantes.
    El decreto fue aprobado automáticamente por el presidente de la República italiana, no sin antes desestabilizar la coalición de Prodi que, haciendo de  garante de la caótica vida política italiana, ya se había mostrado suficientemente débil y vulnerable. Mientras que el flanco izquierdo de su Ejecutivo rechazaba el decreto por sus connotaciones xenófobas, la oposición conservadora encontró en el trágico suceso la baza perfecta para atacar y hacer tambalear al Ejecutivo italiano; así, aun pudiendo aprobar el decreto in extremis del primer ministro, la derecha italiana tildó el proyecto de simple parche para una “crisis gravísima” y pidió mano dura con los extranjeros que delinquen o carecen de medios de subsistencia. Mientras que el presidente de Alianza Nacional, Gianfranco Finni, ex ministro de Asuntos Exteriores, abogó por expulsar de Italia a “unas 250.000 personas”, Silvio Berlusconi, ex presidente del Gobierno, planteó la posibilidad de cerrar las fronteras a los rumanos.
    El tratamiento informativo del suceso por parte de los medios de comunicación no ayudó a apaciguar la convulsa situación. Como ya es de costumbre volvieron a repetir datos alarmantes de los que allí también llaman rom: 556.000 rumanos residen actualmente en Italia (son la comunidad inmigrante más numerosa en el país) y en los últimos cuatro años el número de ellos que viven en Roma ha aumentado un 92%. De hecho, Italia y España (cuenta con 505.670 rumanos en el país) son sus principales destinos. A todas estas cifras, periódicos y televisiones añadieron las estadísticas delictivas del periodo 2004-2006; los rumanos encabezan siete apartados sobre actos delictivos cometidos por residentes extranjeros: homicidios (15’4%), agresiones sexuales (16’2%), robo de automóviles (29’8%), robos por la calle (37%), robos en las casas (19’8%), en tiendas (26’9%) y extorsiones (15%). A todo ello, se le suma el incremento del flujo migratorio de los rumanos hacia Italia desde enero de este año, con su incorporación en la UE y que ha agravado el problema de los asentamientos de chabolas en la periferia de las grandes ciudades.
    Pero la cuestión más importante en todo este panorama es si el decreto promulgado por el Gobierno italiano es o no es compatible con la legislación comunitaria. Precisamente, el año pasado entró en vigor la normativa que regula las expulsiones de nacionales de otros países comunitarios; todo país miembro de la UE cuenta con el aval de Bruselas para expulsarlos siempre que lo haga de forma individual y razonada en motivos de seguridad pública o sanitaria. “Toda expulsión debe fundarse en motivos individuales, que también son aplicables a familias, pero las expulsiones en grupo están prohibidas”, aclaró Friso Roscam, portavoz del comisario, Franco Frattini, responsable de Justicia, Libertad y Seguridad.
    Y desde Bucarest, la posible expulsión de rumanos de Italia fue recibida con críticas y preocupación, ya que alegaron que dicha iniciativa podría desatar una ola de xenofobia contra el medio millón que vive en el país. Sin embargo también es cierto que muchos de ellos justifican las expulsiones de sus compatriotas, siempre que se traten de delincuentes, y, sobre todo, si pertenecen al pueblo gitano, como es el caso del sospechoso, Nicolae Romulus Mailat. A pesar de todo esto, la visita del primer ministro de Rumania, Calin Popescu-Tariceanu, a Italia y el ulterior encuentro con su homólogo italiano rebajó la alarma desatada en Italia. El día 7 de noviembre, seis días después de la muerte de Giovanna Reggiani, y fruto de la reunión que mantuvieron los dos mandatarios, tanto Rumania como Italia se comprometieron a crear un grupo de trabajo que tiene que garantizar la seguridad de la ciudadanía, además de pedir a la UE ayudas destinadas a la integración social de los emigrantes, en especial de los rumanos.
    A la espera de la aprobación parlamentaria del polémico decreto y de las posteriores modificaciones, lo cierto es que el proyecto se ha descafeinado considerablemente desde su redacción de urgencia a principios de noviembre. Sea como fuere, lo cierto es que todo esto no deja de ser un ejemplo de los retos a los que a partir de ahora debe enfrentarse Bruselas. Los miembros de la UE han manifestado el rechazo a una Unión entendida como organización supraestatal –aun la aprobación del nuevo Tratado europeo en Lisboa en diciembre, todavía resuena el fracaso absoluto de la Constitución europea tras los “no” francés y holandés–, y es por eso que abogan por una unidad europeísta al servicio de los intereses económicos y que ha conllevado a estas incorporaciones masivas. Pero a su vez, estas integraciones –tales como la de 2004, que incorporó 10 nuevos miembros a la UE– plantean nuevos problemas como el que se puede derivar del libre movimiento de personas, uno de los pilares sobre los que descansa la filosofía europea, junto con la libre circulación de bienes y el mercado único. “La Unión Europea organizó las normas sobre la circulación de personas pensando en casos individuales. Nunca se llegó a pensar en migraciones masivas, porque nunca ocurrirían. Pero ahora el flujo de rumanos es fortísimo, y dentro de él se camuflan muchos delincuentes. La UE debe hacer frente a ese problema, porque no estamos preparados para afrontar la situación. Debemos perfeccionar las normas europeas sobre movimientos de personas”, declaró Giulano Amato, ministro del Interior italiano en medio de toda la vorágine suscitada por la muerte de Giovanna Reggiani.
    Lo cierto es que la normativa europea establece que no hay limitaciones de tránsito de los ciudadanos comunitarios en los primeros 90 días de residencia en otro país de la Unión, transcurridos los cuales deben demostrar que cuentan con medios de subsistencia, además de no suponer ningún peligro para la seguridad del país de acogida ni para su sistema sanitario. Sin embargo, parece ser que la diversidad interna derivada de las múltiples ampliaciones de la UE pide cambios en la gestión del libre movimiento de ciudadanos europeos.

 


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