Anuario 2006

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El partido republicano pierde su mayoría en el legislativo y Rumsfeld renuncia
El presidente ve reducido su margen de maniobra


Las “Midterm elections” son una de las citas electorales más importantes del mundo. Se celebran cada cuatro años y coinciden con la mitad del mandato presidencial, de ahí su nombre. Como sucedió el 7 de noviembre de 2006, un cambio de mayoría, bien en el Congreso o bien en el Senado, influye en la presidencia federal. El cambio de 2006 se produjo en ambas cámaras legislativas, que se decantaron hacia el Partido Demócrata después de más de una década de dominio republicano. En 1994 los demócratas habían sufrido una debacle en ambas cámaras que fueron dominadas por los elefantes, el Partido Republicano, por primera vez en cuarenta años.
    En las “Midterm elections” se decide el color de 435 escaños, esto es la totalidad de los congresistas, y un tercio del Senado, es decir, 33. El resto de senadores se escoge en el momento de las elecciones presidenciales. Además, con las “Midterm elections” coinciden las “Gubernatorial elections” que son las elecciones en 36 estados para elegir Gobernador. Por último, también hubo el 7 de noviembre una serie de referéndums que variaron según el estado. Otra vez, el resto de gobernadores se escogen coincidiendo con las presidenciales.
    La importancia de las “Midterm elections” recae fundamentalmente en dos cuestiones. Por un lado, son una prueba de confianza hacia el presidente. Así, los estadounidenses premian o castigan al partido que ocupa la Casa Blanca. Este año, según los sondeos llevados a cabo por Fox News/Opinion Dynamic, Gallup Poll/USA Today y CBS News/The New York Times, George W. Bush tenía una apoyo aproximado del 40 por ciento. Esto suponía diez puntos menos que el apoyo que recibía en 2004, cuando se presentó a sus segundas presidenciales y nada menos que la mitad de la popularidad de que gozó los meses siguientes del 11-S en 2001. En las últimas “Midterm elections”, las de 2002, Bush se benefició de este apoyo para consolidar la mayoría conservadora en ambas cámaras pese al escándalo “Enron”. Este año, sin embargo, la guerra de Irak y la incapacidad de la Administración estadounidense para estabilizar ese país ha perjudicado al partido republicano.
    Por otro lado, las “Midterm elections” suponen el pistoletazo de salida para las presidenciales de dentro de 24 meses, en este caso las de 2008, a las que George W. Bush no podrá volver a presentarse por la limitación constitucional que limita a dos mandatos la presidencia de la Unión. En este caso, el congresista republicano John Mc Cain y senadora demócrata Hillary Clinton han sido los dos políticos que parecen abanderar el futuro presidencial por ambos partidos, aunque hasta las elecciones primarias no se sabrá con certeza quiénes pugnaran por sentarse en el Despacho Oval. El 28 de diciembre, el ex senador demócrata de Carolina del Norte John Edwards anunciaba que se presentaría a ellas para conseguir ser el candidato demócrata.

    El Partido Republicano pasó de tener 55 senadores a 49, es decir, perdió seis. Mientras tanto, los demócratas pasaron de poseer 44 senadores a tener 49.  En realidad se trata de un empate, pero, en principio, los dos senadores independientes están más cerca de la órbita ideológica demócrata y se supone que votarán a favor de lo que decidan estos. De todas formas, esta raquítica mayoría provocó, a finales de año, inquietud en las filas demócratas del Senado. Tim Johnson, senador demócrata escogido en Dakota del Sur, sufrió una embolia y fue ingresado en la UVI. De perecer, la ley establece que correspondería al gobernador de Dakota del Sur, el republicano Mike Rounds, designar un nuevo senador. Esto podría devolver la mayoría a los republicanos. El Senado sólo fue uno de los tres triunfos demócratas del 7 de noviembre.
    Ese día el Congreso también cambió de mayoría. Los congresistas republicanos pasaron de ser 232 a 201. Los demócratas aumentaron en treinta su representación hasta alcanzar los 232 representantes. Otra novedad es que la Cámara Baja pasará a estar presidida por primera vez en la historia por una mujer: la demócrata Nancy Pelosi.
    Nacida en Baltimore, en la costa este, hace 66 años, la carrera política de Pelosi se desarrolló sobretodo en San Francisco, California. Entre otras funciones resulta interesante la que la convertiría en presidenta de EE.UU. en caso de emergencia. Sólo tendría por delante al vicepresidente Dick Cheney en caso de que se tuviese que substituir de urgencia al presidente. Entre sus méritos hay uno que sobresale: de ella se dice que ha sido la única persona capaz de homogeneizar las posturas demócratas en los asuntos más controvertidos. A parte de apoyar la retirada de Irak, Pelosi apoya el matrimonio gay, aumentar los impuestos y la regularización de los doce millones de hispanos sin papeles que se calcula que hay en el país. A su vez, ha prometido subir el salario mínimo y aumentar los fondos federales para la investigación de las células madre. A Pelosi la acompañaran durante esta legislatura nada menos que 28 gobernadores demócratas.
    Antes de las “Gubernatorial elections 2006”, los papeles entre los dos partidos mayoritarios de EE.UU. estaban invertidos en lo que se refiere a las gobernaciones  de los 50 estados: 28 eran republicanos y 22 demócratas. El 7 de noviembre se escogieron 36 gobernadores. Y los demócratas obtuvieron 28 estados, mientras que los republicanos se quedaron con 22. Además también se voto ese día las “state legislatures” que son los parlamentos y senados de cada estado. Y por si no fuera suficiente, hubo, a su vez, elecciones en muchos municipios y referéndums sobre varias cuestiones. Entre los senadores escogidos destacó, por ejemplo, la reelección del republicano Arnold Swarzenegger como Gobernador de California.

Posicionamiento ambiguo de ambos partidos
Pese a que en las “Midterm elections” suelen predominar los asuntos de política interior de EE.UU., la difícil situación de Irak fue el tema clave de las elecciones de mitad de periodo de 2006. Esto también distó mucho de las presidenciales de 2004, en las que los temas de moral tales como el derecho al aborto, el matrimonio gay, la investigación con embriones humanos o la eutanasia, compartieron espacio con la política exterior. En ese momento, los republicanos también gozaron de la ola conservadora que se extendía, sobretodo en los midlands o en el sur. En 2006, la guerra de Irak primó por encima de todo lo demás.
Pero pese al desgaste electoral que efectivamente provocó la guerra en los resultados republicanos de las “Midterm elections”, no hubo posturas ideológicas al respecto demasiado distanciadas entre los dos grandes partidos estadounidenses.  El analista Serge Halimi escribe en un artículo de Le Monde Diplomatique de noviembre-diciembre titulado “Los déficits republicanos” que durante las elecciones de mitad de periodo pareció que los posicionamientos sobre la guerra de Irak de los candidatos de ambos partidos fue difusa. En este sentido, ningún demócrata no se comprometió a defender un calendario de retirada de las tropas. Además, tampoco faltaron voces republicanas críticas con las aventuras imperialistas de Bush.
En un intento de observar las tendencias políticas que los dos grandes partidos proyectan hacia las presidenciales de 2008, la revista The National Interest destacó la similitud de las declaraciones que hicieron Hillary Clinton o John Mc Cain respecto a sus visiones en política exterior. Halimi sostiene que tampoco quedaron claras las propuestas para vencer las actuales desigualdades sociales que son las más grandes de toda la historia de los EE.UU. Solamente la intención demócrata de subir el salario mínimo a 5,15 dólares la hora (no sube desde 1997) parecía que cambiaría levemente en algo el rumbo de la política social actual de la Administración. De todas formas, hasta enero de 2009, los demócratas no dejarán de tener el obstáculo del veto del presidente, siempre que ganasen las elecciones, para hacer efectivo su programa social. El veto presidencial no será la única dificultad para los demócratas. Pese a perder el control de ambas cámaras, Bush pudo colocar otro juez conservador en el Tribunal Supremo en 2006.
El 31 de enero, el Senado, todavía con mayoría republicana, confirmó al juez conservador Samuel Alitó para ocupar un cargo vitalicio en el Senado. Alitó se sumó a John Roberts, otro magistrado conservador confirmado el año anterior como presidente de esta institución.  Su posicionamiento en contra del aborto o de la eutanasia provocó una campaña demócrata en contra de su nombramiento.

Abramoff: un escándalo que salpica los “lobbies”
El escándalo Abramoff marcó el año electoral de las “Midterm elections” en EE.UU. En marzo se confirmaba la sentencia: cinco años y diez meses de cárcel para Jack Abramoff. Este empresario multimillonario es un ex lobista caído en desgracia con la justicia que salpicó a nada menos que 20 congresistas, entre ellos el que fue el líder de la mayoría republicana en la Cámara Baja, Tom Delay. Estos congresistas se dejaron comprar sus votos por el empresario Abramoff. Recibieron dinero a cambio de votar a favor de los intereses del multimillonario.
Tras declararse culpable de fraude, corrupción y evasión fiscal, Abramoff aceptó rebajar su pena, que en un principio era de 30 años, a cambio de dar los nombres de los congresistas sobornados para aceptar resoluciones favorables a sus clientes.
Ganar las elecciones al Congreso o Senado en EE.UU. tiene un inmediato impacto de influencias para la órbita de personas que hay alrededor del partido ganador. Esto ha vuelto a ocurrir tras las elecciones de “Midterm elections” de 2006. Así, durante la última década, los desterrados lobbies demócratas perdieron dinero e influencia. Un lobby es un grupo de presión que trata de influir de diversas maneras en el poder para lograr distintos objetivos. Ejemplos de lobistas demócratas son Jack Quinn, Tony Podesta o Steve Elmendorf. Durante la última década, los republicanos pudieron marginar a las firmas que simpatizaban demasiado con los demócratas y las marginaron de distintas maneras. Las principales empresas del país ya han empezado a incorporar a gente de la órbita demócrata en sus consejos de administración o a subir el salario de los que ya estaban.
La nueva presidenta de la “House”, Pelosi, organizó una fiesta donde asistieron los protagonistas de los lobbies que apoyaron al partido Demócrata. Pero pese al regreso de tantas caras conocidas, Pelosi prometió que se iban a aplicar nuevas reglas, de ahora en adelante, para limitar los contactos entre los legisladores y los lobistas. Se trata de cortar escándalos relacionados con los lobbies como el ocurrido con el “superlobista” Jack Abramoff.
Esta fue una de las promesas demócratas en las “Midterm elections”. A Abramoff lo declararon culpable de varios delitos de fraude, conspiración y evasión de impuestos. Además, la Fiscalía inició una investigación que esperaba contar con la colaboración del ex lobista y que podría destapar casos de corrupción de diversos senadores y congresistas. Así, Pelosi quiere prohibir las comidas, regalos o viajes para congresistas pagados por los lobistas. El problema, como apunta Massimo Calabresi en el artículo “When the democrats take back K Street” publicado en la revista “Time”, es que en un sistema electoral que se basa exclusivamente en las donaciones para subvencionar los partidos, siempre habrá un punto de encuentro entre los lobbies y los congresistas.



Escándalos republicanos

A mediados de febrero, la costa noreste de EE.UU. sufrió el peor temporal  de nieve de los últimos 60 años. Las carreteras y los aeropuertos quedaron bloqueados por grosores de nieve de más de medio metro en Washington, Nueva York o Boston. Apagones de luz afectaron a más de 300.000 personas. Fue una anécdota climática, que sirvió como metáfora del temporal de escándalos que se avecindaba en el partido republicano justo en el peor momento, en el que se decidía el control de las dos cámaras.
“The October Surprise”, La Sorpresa de Octubre, es una famosa expresión de uso recurrente en EE.UU. cuando hay elecciones. En realidad, se usa más en los años que hay elecciones presidenciales. Se refiere a noticias que se producen a pocos días de los comicios y que influyen en el resultado. Por ejemplo, “The October Surprise” de 2004 (aunque esta se produjo ya entrado noviembre) fue el mensaje de Bin Laden amenazando a los estadounidenses: favoreció claramente los intereses de Bush. En las Midterm elections de 2006 hubo dos “Sorpresas de Octubre”: dos escándalos sexuales que salpicaron al, precisamente, abanderado de la salvación moral de la sociedad estadounidense, el Partido Republicano. Los protagonistas de estos casos fueron el congresista Foley y el evangelista (en el entorno republicano) Haggard. En este caso, “The Octuber Surprise” empeoró los resultados del partido de Bush en las “Midterm elections”.
Ted Haggard, más conocido como pastor Ted, era el líder religioso de la “New Life Church”, una iglesia de 14.000 fieles. Además, presidía la poderosa Asociación Nacional de Evangélicos de Estados Unidos, que cuenta con nada menos que más de treinta millones de fieles y que pide el voto para el Partido Republicano. Haggard, casado y con cinco hijos, que, además, siempre mantuvo una posición muy contraria al matrimonio gay, tuvo que reconocer las acusaciones de Mike Jones, quien dijo haber mantenido relaciones sexuales con el pastor Ted. También le había vendido droga. Haggard se oponía al aborto, a las relaciones sexuales extramatrimoniales y a la investigación con células madre. El escándalo Foley también fue sexual.
Justo un mes antes de las “Midterm elections” la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes votaba a favor de investigar al congresista Mark Foley. El republicano había renunciado la semana anterior a su escaño después de reconocer que había mantenido correspondencia electrónica de contenido sexual con becarios del Congreso menores de edad. El escándalo salpicó directamente al predecesor de Nancy Pelosi, el presidente republicano del Congreso Dennis Hastert. El problema más grave fue que Hastert conoció con mucha anterioridad la inmoral conducta de su colega de partido y no supo gestionar correctamente el problema, es decir, no le había expulsado, prefiriendo mantener en silencio lo ocurrido. A principios de año, el predecesor de Hartest, el republicano Tom DeLay había protagonizado otro escándalo, en este caso, de índole fiscal.
A finales de 2005, el líder del Senado, el republicano Bill Frist, estaba siendo investigado por un presunto delito por uso de información privilegiada (vendió acciones de la empresa de su familia justo antes de que su cotización cayera). Pero el escándalo recayó en la otra Cámara: un tribunal de Texas acusó al entonces presidente del Congreso, y uno de los principales aliados de Bush, el congresista republicano Tom DeLay, por canalizar ilegalmente miles de dólares de donaciones corporativas a candidatos republicanos durante las elecciones parlamentarias de Texas de 2003. DeLay también fue investigado por haber mantenido contactos con el ex lobbista Abramoff, acusado a su vez de delitos fiscales. En abril de 2006, DeLay, que tenía el mote de “martillo” por su duro estilo de hacer política, renunció a su escaño. Por último hubo otro escándalo de un miembro del partido republicano, pero en este caso en la mismísima Casa Blanca.
El vicepresidente, Dick Cheney, fue salpicado por el caso “Valerie Plame” en febrero de 2006. El ex jefe de su gabinete, Lewis Libby, reconoció ante el fiscal especial Patrick Fitzgerald, que lleva el caso desde que estallara en otoño de 2005, que Cheney, y superiores suyos, le autorizaron a desclasificar documentos secretos para justificar la invasión de Iraq, entre ellos la revelación de la identidad de la ex agente de la CIA Plame en represalia por las declaraciones de su marido, un diplomático estadounidense, contrarias a la guerra de Iraq. Esto provocó un proceso judicial contra Libby, que se vio obligado a dimitir. La ley considera que revelar la identidad de un agente de la CIA es un delito al poner en riesgo la seguridad de todo el país. Durante la investigación , fuentes del diario “The New York Times” señalaron a Cheney y al asesor político de Bush Karl Rove como responsables de la filtración. De este modo, otro escándalo republicano se agudizaba a pocos meses de las “Midterm elections”. El 20 de diciembre, la defensa solicitó la comparecencia de Cheney como testigo en el juicio que se celebrará en 2007.


La justicia cuestiona los métodos de la “war on terror”
2006 empezó marcado por el debate sobre las escuchas telefónicas y el espionaje de las comunicaciones informáticas. El presidente Bush defendió con vehemencia su programa de escuchas telefónicas sin autorización judicial pese a que “The New York Times” publicara que incluso la Fiscalía General de EE.UU. se había opuesto. A mediados de diciembre del año anterior, la prensa había revelado el espionaje de la Administración a las llamadas y a las comunicaciones por internet entre EE.UU. y el extranjero. El asunto causó preocupación en la opinión pública estadounidense, que vio como el presidente recortaba demasiadas libertades en su lucha contra el terrorismo. La organización estadounidense pro derechos civiles American Civil Liberties Union (ACLU) había presentado una demandada por el espionaje llevado a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional, institución creada por Bush que centraliza la inteligencia estadounidense integrando la CIA, el FBI, y el resto de cuerpos de seguridad del Estado, a sus ciudadanos por considerarla inconstitucional. Pese a la oposición éste y otros grupos de derechos civiles, Bush defendió en todo momento la actuación de su Administración. Es más, tras la inesperada dimisión del director de la CIA Porter Goss, el presidente nombró al general que había dirigido las escuchas, Charles Hayden, para relevarlo como jefe de la inteligencia estadounidense.
Pese a la tozuda defensa de las escuchas por parte del presidente y también de su segundo de a bordo, el vicepresidente, Dick Cheney, en agosto llegaba un nuevo obstáculo para los planes republicanos: la jueza federal Anna Diggs Taylor pidió que se detuviera de inmediato el programa de escuchas porque violaba derechos fundamentales de la Carta Magna como la libertad de expresión, el derecho a la intimidad y porque atentaba a la separación de poderes estipulada por la constitución.  De hecho, el presidente daba una dudosa luz verde a las escuchas sin mediar ninguna orden judicial.  Lo que sucedía en Guantánamo también fue puesto en cuestión por la justicia. En marzo, otro juez federal obligó a que se hiciesen públicos miles de documentos con los nombres de 317 presos de Guantánamo. Pero algo más grave estaba por llegar: en junio, el Supremo de EE.UU. fallaba contra los tribunales militares que estaban juzgando a los sospechosos de ser terroristas detenidos en la base militar estadounidense que hay en el extremo oriental de Cuba.
La Administración Bush no perdió tiempo y pronto llegó una solución. La “Detainee Bill” o Ley del Detenido fue aprobada en octubre antes de las “Midterm elections”. Esta ley eliminaba literalmente el Habeas Corpus y permitía, de manera implícita, usar la tortura en los interrogatorios de los presuntos terroristas dejando en manos del presidente la decisión de cuáles eran los métodos de interrogatorio apropiados. El 13 de febrero, EE.UU. había desmentido un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que aseguraba que los presos de Guantánamo eran objeto de torturas. La Comisión de Derechos Humanos pidió a EE.UU. que cerrase el centro y que juzgara de una manera justa a los 520 reclusos. A finales de octubre, Bush tuvo que rechazar unas declaraciones hechas por Cheney en las que justificaba el uso de la técnica del ahogamiento, hacer ver a los interrogados que se van a ahogar, si con ello se salvaban vidas. Pero un mes antes había reconocido la existencia de las bases secretas de la CIA, que había revelado “The Washington Post” el año pasado, y también había defendido el programa de interrogatorios de la inteligencia estadounidense si con ello se salvaban vidas. La “Detainee Bill” podría ser declarada inconstitucional a corto plazo. Otra ley que volvió a ser aprobada en 2006 fue la Patriot Act.
El Congreso votó a favor de la prolongación de 16 de sus disposiciones que expiraban en 2005. Un día antes, en el discurso del estado de la nación, Bush insistió en que la prórroga de la Patriot Act era necesaria para acabar con el terrorismo. La ley daba al Gobierno margen para realizar las escuchas entre otras cosas. En otro discurso, diez días después, Bush reveló que poco después del 11-S se frustró un atentado de Al-Qaeda contra la Liberty Tower, edificio más alto de Los Ángeles. Lo usó de argumento para justificar que con su política antiterrorista había frenado varios intentos de atentados islamistas. Coincidiendo con esta explicación de Bush, ese día el Senado vivió una alarma parecida a la que hubo en el Congreso cuatro años antes, cuando fue desalojado por una alarma de ántrax. En esta ocasión se detectó gas nervioso en un edificio anexo al Senado. Fue una falsa alarma, pero recordó viejos sentimientos de psicosis terrorista en Washington. Otro protagonista de 2006 trajo malos recuerdos a los estadounidenses.
  En 2006, EE.UU. juzgó y condenó a cadena perpetua al único detenido en EE.UU. por los atentados del 11-S. Zacarías Moussaoui, francés de origen marroquí, de 37 años. Fue detenido en una escuela de vuelo en Minessota en agosto de 2001, un mes antes del 11-S. Hubo dudas sobre la neutralidad del jurado, ya que el juicio se celebró en el Tribunal Federal de Alexandría, en Virginia, cerca del Pentágono. Ahí la mayoría de la población es militar o trabaja como personal administrativo para el departamento de defensa. Además, fue en el Norte de Virginia donde se estrelló el cuarto avión del 11-S.

Muro contra la inmigración
    2006 será recordado, entre otras cosas, como el año en el que EE.UU. decidió levantar un doble muro a lo largo de 1.126 Kilómetros de los 3.379 Kilómetros que mide su frontera con México. Hasta ahora sólo 120 kilómetros estaban vallados. El Congreso y el Senado, en una de sus últimas leyes de la era con mayoría republicana, dieron luz verde a la ley en septiembre. Bush aprobó, el 10 de octubre, los fondos para financiar el proyecto: 1.200 millones de dólares. México, principal “exportador” de esa mano de obra, junto a los demás países de América Central, se quejó con dureza por la decisión. Y es que las remesas de los inmigrantes se han convertido en motores de las economías de la región. El plan incluía el despliegue de 1.500 agentes fronterizos y la instalación de 10.000 espacios de detención para inmigrantes que no procedan de México.
No quedó claro en 2006 lo que pasará de ahora en adelante con los 12 millones de indocumentados que viven en el país. Aunque el senador demócrata Edward Kennedy iba a presentar, a principios de 2007, un borrador de la reforma migratoria para regularizar a los “sin papeles”, en ambos partidos hubo defensores y detractores de esta medida. Cabe recordar que, junto con la idea del muro, Bush también propuso legalizar a los 12 millones de ilegales, pero el ala más conservadora de su partido fue reacia a ello y evitó que el Congreso llegara a un acuerdo. La reforma fue pedida con fuerza en abril precisamente por sus protagonistas.
Cientos de miles de inmigrantes, mayoritariamente hispanos, hicieron huelga el  lunes 10 de abril y salieron a las calles de grandes ciudades como Nueva York, Atlanta o Houston en lo que fue considerada la mayor movilización de inmigrantes de la historia reciente de los EE.UU. Hubo quien, como el senador Kennedy o algunos medios de comunicación, comparó la marcha con las que encabezó Martin Luther King en los setenta para reclamar la igualdad jurídica de los afro-estadounidenses. Ahora son los hispanos ilegales los que quieren ser equiparados en derechos con el resto de la población.
    El 13 de diciembre 1.300 inmigrantes latinos fueron arrestados en redadas hechas en seis plantas frigoríficas de la empresa Swift & Company en Colorado, Nebraska, Texas, Utah, Iowa y Minnesota. En el operativo participaron 1.000 agentes. “Esto será un elemento disuasivo para los trabajadores indocumentados. Vamos a intentar hacer que sea incómodo violar la ley aquí”, dijo el secretario de Seguridad Interna de EE.UU. Michael Chertoff.


 


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