Anuario 2006

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Calderón sustituye a Fox al frente de un México en crisis política y social 
Investigación de la “guerra sucia” y arresto de Echevarría


Una de las iniciativas de Fox fue la de poner en marcha, en 2002, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMSPP), una fiscalía especial para esclarecer los delitos que cometieron las fuerzas de seguridad mexicanas desde 1960, conocidas como “La Guerra Sucia”, cuando el Estado llevó a cabo una fuerte represión contra sus opositores. Estos delitos ocurrieron bajo los mandatos de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luís Echevarría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982). Fox reaccionaba así a un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el que se documentaron 250 desapariciones de guerrilleros. En febrero de 2006, la ONG estadounidense National Security Archive sostuvo que, entre 1964 y 1982, el Ejército secuestró, torturó y mató a cientos de activistas. Los crímenes incluían ejecuciones sumarísimas y torturas (entre otras hacer beber gasolina o aplicar descargas eléctricas) a hombres de aldeas vinculados al líder rebelde Lucio Cabañas. Decenas de izquierdistas fueron arrojados al Océano Pacífico desde helicópteros en “vuelos de la muerte”, según la ONG. Echevarría lo desmintió en una comparecencia ante la FEMSPP, en julio de 2002.
    Pero Echevarría era ministro de Interior durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, cuando sucedió el hecho más grave: la matanza, por parte de paramilitares y del Ejército, de 300 jóvenes en la Plaza de las Tres Culturas en el barrio de Tlatelolco, donde miles de estudiantes asistían a un mitin, el 2 de octubre de 1968, pocos días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de México. En 2002, el Partido de la Revolución Democrática (PDR) denunció ante la Fiscalía al ex presidente Echevarría por su presunta responsabilidad de otra matanza donde hubo 17 muertos más y cientos de heridos y detenidos en otra manifestación estudiantil en apoyo a una reivindicación laboral de la Universidad Autónoma de Nuevo León el 10 de junio de 1971. Tras tres décadas de reclamación de justicia y a dos días de las elecciones llegó la sorpresa.       
    Un par de meses después de la entrega a la justicia mexicana del documento final de la investigación de la FEMSPP, el juez responsable del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal, José Matta Oliva, ordenó, el 30 de junio, el arresto domiciliario, a causa de su avanzada edad, de Luis Echevarría, de 84 años, acusado de genocidio y de privación ilegal de la libertad, en una resolución inédita del poder judicial mexicano, que nunca antes había detenido a un ex presidente.

 


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