Anuario 2008

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Estados Unidos
Obama llega al rescate de un país en crisis y desencantado
El neoliberalismo se bate en retirada


La crisis de las hipotecas “subprime” o alto riesgo, que había estallado en agosto de 2007 en Estados Unidos cuando el aumento de la morosidad produjo enormes pérdidas bancarias, desencadenó una crisis financiera mundial en 2008 que llevó aparejada una crisis de la economía real.
Lo que a principios de año se denominaba crisis, pasó a convertirse en recesión en el tercer trimestre. La contracción del comercio interno, el aumento del paro, la caída del poder adquisitivo, la debilidad de la demanda y el frenazo de la actividad económica, todo ello combinado, supuso hablar del inicio de una depresión que para los analistas solo tiene parangón con la que siguió al “crack” de la Bolsa de Nueva York en 1929.
La trascendencia de la actual crisis se empezó a concebir cuando el Gobierno estandarte del neoliberalismo y la desregulación de los mercados puso en marcha las mayores medidas intervencionistas de la historia de Estados Unidos. En marzo, la Reserva Federal estadounidense (FED, en sus siglas en inglés) salió al rescate del banco de inversión Bear Stearns. La que se vendía como una medida excepcional, se repetiría en varias ocasiones para evitar la quiebra de importantes entidades financieras que podrían llevarse consigo a todo el sistema.
A pesar de los numerosos planes de rescate de la economía impulsados por la FED y el Departamento del Tesoro, las bolsas del planeta se desplomaron casi diariamente entre los meses de septiembre y noviembre. Estados Unidos se dio cuenta de que había finalizado la época del liberalismo voraz (iniciado en los años 80 con los mandatos de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en EE.UU), en el que los mercados son autosuficientes y se autorregulan; y dio los primeros pasos hacia un nuevo ciclo de intervencionismo en la economía.
El 15 de noviembre, los jefes de Estado y de Gobierno del G-21 (grupo de veinte países que integra a los más desarrollados y a los emergentes) se reunían en Washington para buscar una solución global a una crisis que afectaba de manera sistémica a todas las economías. Se empezó a hablar de otro “New Deal”, en referencia a la reforma económica que el presidente estadounidense Franklin Delano Roosvelt había puesto en marcha como respuesta a la Gran Depresión de 1929, y de un nuevo “Bretton Woods”, en analogía a la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, celebrada al final de la Segunda Guerra Mundial, que configuró un nuevo orden económico internacional.
Esta vez no llegó a ser una refundación del sistema, pero sirvió para dar carpetazo a casi tres décadas de descontrol y desregulación en los mercados, al reconocer como principios básicos: tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario, y tanto bienestar para la mayoría de la sociedad global como las condiciones económicas lo permitan, recuperando el modelo económico de John Maynard Keynes, uno de los economistas más influyentes del siglo XX.
Más allá del vago contenido de la cumbre, su verdadera intención era ofrecer confianza a los ciudadanos: hacerles ver que los Gobiernos tomaban las riendas del descalabro y que se ponía fin al estado de confusión vivido hasta entonces, en el que se sucedían planes millonarios y medidas dispersas que no atajaban el problema.
A principios de año, George Bush había aprobado la Ley de Estímulo Económico por valor de 168.000 millones de dólares. Este plan consistía en incentivos fiscales a las empresas que invirtiesen y creasen nuevos puestos de trabajo, y en la devolución de 600 dólares de impuestos a los contribuyentes. A este se unieron el plan “Lifelife”, un proyecto de salvamento para congelar durante un mes la ejecución hipotecaria; así como continuas inyecciones de liquidez por parte de la FED. En mayo aumentó un 50% las subastas de liquidez (dinero en metálico que el Tesoro pone a disposición de los bancos a un tipo de interés fijo) hasta los 75.000 millones de dólares, cuyo plazo se amplió hasta el 30 de enero de 2009.
Mientras tanto, los parqués marcaban mínimos históricos y los bancos acumulaban pérdidas superiores al 70%. En este contexto, en septiembre se produjo la nacionalización de Fannie y Fredie Mac, aseguradoras de la mitad de las hipotecas estadounidenses, a través de la inyección máxima de 200.000 millones de dólares en nuevo capital y líneas de crédito.
Días más tarde, el Gobierno estadounidense aplicaba otra vara de medir y dejaba caer a Lehman Brothers. No acudir a su rescate se consideró el mayor error de la Administración Bush frente a la crisis. La quiebra de este banco de inversión puso de manifiesto que el colapso inmobiliario norteamericano era de enormes proporciones.
El pánico que desató la desaparición de este actor tan importante a nivel global llevó a una volatilidad en los mercados desconocida hasta entonces, y a la visibilidad de que se estaba ante una crisis de liquidez y de solvencia que trajeron consigo la sequía en el mercado interbancario y en la concesión de nuevos créditos. Esta parálisis se traducía, inevitablemente, en el parón de la economía real: caída de la inversión, de la demanda, de la producción, de la inflación; en definitiva, del crecimiento económico.
Aprendida la lección, tan sólo dos días después, se rescataba y nacionalizaba a American International Group (AIG), la mayor aseguradora del mundo. La FED le prestó 85.000 millones de dólares a cambio de hacerse con el 80% de sus activos.
Al mismo tiempo, desaparecía la banca de inversión: Morgan Stanley y Goldman Sachs solicitaron la transformación en bancos comerciales, sujetos a mayor regulación y capaces de captar depósitos.
Ahora bien, salvar a AIG no  era suficiente para hacer frente al hundimiento de Wall Street, provocado por la precipitación de Lehman Brothers. El temor a un “crash” financiero obligó al Gobierno de Bush a lanzar un plan de rescate sin precedentes por valor de 700.000 millones de dólares, en un principio, para la compra de “activos tóxicos” (aquellos que no se esperan cobrar) por parte del Gobierno como forma de dotar de liquidez y solvencia a la banca.
El plan de emergencia inicial de cinco folios fue enviado al Congreso para su aprobación. Su rechazo en un primer momento perjudicó todavía más los mercados financieros, puesto que Bush había vendido este paquete de medidas como el salvador de la economía. Después de dos revisiones en la Cámara de Representantes y el Senado, el plan de rescate pasó a tener 451 folios en los que además de recortes fiscales y el aumento de la garantía de los depósitos de 100.000 a 250.000 dólares, como las medidas estrella, se incorporaron una serie de propuestas más populistas, como las ayudas fiscales a los fabricantes de flechas, para conseguir su aprobación.
Su eficacia suscitaba muchas dudas, ya que la inversión en “activos tóxicos” sería dinero perdido. Por primera vez, EE.UU. daba un giro inesperado y miraba a Europa, en concreto a Reino Unido y al plan de Brown para comprar “activos sanos”(de máxima calidad). De esta forma, la primera fase del plan de rescate consistió en una inyección de 250.000 millones de dólares para entrar en el capital de los bancos, a través de acciones preferentes sin derecho a voto. Además también se incluía la limitación de los sueldos de los directivos de las entidades rescatadas, así como medidas de regulación que evitasen la misma situación en un futuro.
Tras la cumbre del G-21, por fin llegaron las primeras medidas importantes para ayudar a la economía real. La Reserva Federal y el Departamento del Tesoro aprobaron otro plan, esta vez por valor de 800.000 millones de dólares, para reactivar los mercados de crédito (ante la crisis de liquidez de los bancos) y frenar los efectos de la crisis financiera sobre las empresas y las familias.
Una primera partida de 600.000 millones de dólares fue destinada a comprar activos hipotecarios y una segunda, de 200.000 millones, para avalar créditos al consumo, para ahorradores, estudiantes y personas con hipoteca, así como para los compradores de coches (ya que la industria del automóvil fue una de las más afectadas por la crisis).

¿Cómo se llegó hasta aquí?
En el origen de las soluciones intervencionistas del Estado se encontraba el análisis de las causas de la crisis financiera mundial. La conclusión había sido que la liberalización financiera de las últimas dos décadas (sin ningún tipo de control) y el exceso de liquidez global habían llevado a una euforia financiera basada en burbujas especulativas que distorsionó completamente la percepción de riesgo.
La punta de lanza de la crisis fue el estallido de la burbuja inmobiliaria. Esta tuvo su origen en el sector financiero. Los bancos de inversión (intermediarios entre los bancos comerciales y los inversores) creaban derivados financieros que permitían que los bancos comerciales subdividieran y reagruparan sus activos, especialmente hipotecas (concedidas si ton ni son a miles de personas de dudosa solvencia), y los revendieran en el mercado en forma de obligaciones, cuyo respaldo era el pago de las propias hipotecas.
Estos derivados financieros se comercializaron en todo el mundo gracias a la globalización de los mercados, e iban aumentando su precio al pasar de unas manos a otras, alejándose de su valor real y de la posibilidad de cobrarlo.
En esta falta de regulación, defendida por el ex presidente de la FED Alan Greenspan, también desempeñaron un papel importante los llamados préstamos al día o “call loans”, en los que el comprador solo paga una parte muy reducida de las acciones adquiridas (en torno al 10%), y el resto lo proporciona un corredor, gracias al crédito bancario. Esta práctica permitió que miles de compradores sin avales ni fondos se hiciesen con títulos financieros.
Otro de los factores responsables de la crisis fue la política de altos rendimientos impuesta por los directivos, fijada en cifras superiores al 15%. El llamado rendimiento de los fondos propios (ROE, “return on equity” en inglés) supuso un aumento de los ganancias del 255% entre 2000 y 2007. Las empresas que, en determinados momentos, se encontraban con exceso de liquidez, invertían en fondos de máximo riesgo porque las ganancias eran altísimas, incluso llegaban a superar a la propia actividad del negocio. En esa política también figuraban las altas retribuciones de los jefes (salarios escandalosos que se mantuvieron pese a la crisis), así como una bonificación en caso de cancelación de su contrato.
Además de la reventa de hipotecas, paralelamente se creó otro activo financiero más peligroso: el seguro de impago (CDS, “Credit Defaut Swaps), que respaldaba los nuevos derivados de crédito. Las empresas aseguradoras obtuvieron enormes beneficios, debido a las altas primas que se pagan por productos de alto riesgo. Este modelo propició un crecimiento elevado de la economía entre 2003 y 2007.
Ahora bien, todo este tinglado se basaba en que los estadounidenses pudieran pagar sus hipotecas. Esto dependía de que el precio de la vivienda siguiese subiendo, puesto que así los hipotecados podían refinanciar su deuda gracias al mayor valor de su inmueble.
Los precios venían subiendo como la espuma gracias a la especulación (se pensaba que se podrían vender a un precio más alto del que habían pagado) y gracias a la política monetaria que en 2001, tras el 11-S, había recortado los tipos de interés hasta el 1%. A partir de 2004 la tendencia se invirtió y la FED llegó a subir los tipos de interés hasta el 5,25% en 2006. En seguida, la morosidad y las ejecuciones de hipotecas se dispararon, y pronto salió a la luz el riesgo que entrañaban aquellas operaciones.
Desde entonces, la FED empezó a reducir los tipos de interés: tras sucesivos recortes a lo largo del año, pasaron del 4,5% en enero hasta el 1% en octubre. Por su parte, la venta de las viviendas usadas cayó un 11,3% hasta octubre, y la venta de casas nuevas, un 40% en índice interanual, según datos del Departamento de Comercio. De nada sirvió el descenso de los precios de la vivienda hasta los 272.000 dólares, comparado con los 313.000 dólares que costaba de media una casa en octubre del año pasado.
El número de propiedades en venta aumentó todavía más por el incremento de las ejecuciones hipotecarias, que registró una subida del 25% respecto al año anterior. Uno de cada 452 hogares en Estados Unidos se encontraba en octubre en alguna fase de la ejecución (notificación de morosidad, subasta pública, apropiación por parte del banco). Los Estados de Nevada, Arizona, Florida, California y Colorado ocupaban los puestos con porcentajes más altos.

Estados Unidos entra en recesión
La crisis financiera no solo afectó a las hipotecas y la venta de la vivienda. Sus consecuencias se dejaron sentir en todos los ámbitos económicos que afectan directamente a los ciudadanos y al crecimiento del país.
El dato más preocupante fue el retroceso del Producto Interior Bruto (PIB), que, en el tercer trimestre, cayó un 0,3% (la caída más fuerte desde el tercer trimestre de 2001, que había estado marcado por el 11-S). Para el último trimestre del año se esperaban cifras similares que harían hablar oficialmente de recesión.
Este retroceso en el crecimiento se produjo por un círculo vicioso que tiene su origen en la caída del consumo estadounidense, que supone el 70% del PIB. En el tercer trimestre registró un descenso del 3,7% en tasa interanual, el mayor desde 1980. El miedo, la falta de confianza y las cargas hipotecarias pasaron factura. Entre 1950 y 1980, los estadounidenses gastaban el 91% de sus ingresos, mientras que en los últimos años rondaban el 99% y solo ahorraban un 1%. El centro de investigaciones Pew calculó que en 2008 el ahorro sería de un 3% de los ingresos.
Este parón de la demanda supuso una caída en la producción. Las empresas vieron cómo sus ganancias se reducían y, a mayores, se encontraron con grandes dificultades para invertir ante la negativa de los bancos para conceder nuevos créditos.
En esas circunstancias fueron muchas las empresas, especialmente las del automóvil como General Motors, que decidieron reducir plantilla, desprenderse de filiales o simplemente echar el cierre. El desempleo alcanzó niveles récord: en noviembre se situó en el 6,7%, el más alto desde 1983, después de que medio millón de personas más pasasen a engrosar las listas del paro, la mayor subida en 34 años. En el balance de 2008, 1,68 millones de estadounidenses perdieron sus puestos de trabajo, de los cuales solo entre agosto y noviembre supusieron 1.184.000.
    El aumento de parados supuso la entrada de menos ingresos en las familias; unido a ello, la gente empezó a consumir menos, cayó la demanda; se contrajo la oferta, y así se completó el círculo que hizo caer el crecimiento del PIB.
Llevados por esta espiral, la inflación y el precio del petróleo descendieron. El IPC, que había crecido de enero a julio hasta el 5%, el mayor avance en 26 años, especialmente por los precios energéticos, empezó a retroceder desde agosto hasta el 2,7% en octubre. Aparte de la caída del consumo, el descenso del precio del petróleo fue el factor determinante.
El coste del llamado oro negro había vivido una escalada vertiginosa desde 2007 hasta alcanzar el techo de los 150 dólares en agosto de 2008. Gran parte la culpa la tuvieron los inversores especulativos que vieron un negocio en el mercado del petróleo. Pero con el estallido de la crisis financiera y el estancamiento productivo, la demanda empezó a caer, y el precio del petróleo se situó por debajo de los 50 dólares y, por tanto, la inflación también disminuyó.
A nivel estatal, la crisis y los multimillonarios planes de rescate hicieron que el endeudamiento de Estados Unidos alcanzase los 9 billones de dólares y dejase como herencia al presidente electo, Barack Obama, un déficit presupuestario récord de 482.000 millones de dólares.
Ante la falta de ingresos, el Departamento del Tesoro tuvo que recurrir a la emisión de deuda pública. La mayor parte fue acaparada por China, que se situó como el principal poseedor de deuda estadounidense, tras pasar a Japón. El gigante asiático suma 585.000 millones de dólares en inversiones en la primera economía mundial, el doble de lo que disponía en julio de 2005. Por tanto, la crisis benefició al principal rival económico de Washignton.
En cuanto al déficit, que triplicó el del ejercicio fiscal de 2007,  equivale al 3,2% del PIB. Además de los planes de emergencia, varios factores explican esta subida: por un lado, el aumento del gasto en un 9,1%, principalmente por las partidas de Defensa y Seguridad Social; y, por otro, los menores ingresos, como consecuencia del paquete de estímulo fiscal de 168.000 millones de dólares, así como la ralentización de la economía. Sin embargo, los analistas coinciden en señalar que, en momentos de crisis, el déficit no debe verse como un problema, sino como la solución. A diferencia de lo que se hizo inicialmente después del crack del 29, cuando se intentó contener el presupuesto, lo ideal es que el Estado siga invirtiendo en época de crisis para reactivar la economía.

 


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